La cautelar a favor de la CGT frena cambios clave sobre despidos, huelga, convenios, teletrabajo y relaciones laborales. Por ese motivo, La Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó su preocupación y cuestionó la decisión judicial.
La UIA defendió la vigencia de la Ley de Modernización Laboral tras la suspensión de artículos clave.
La Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó su preocupación este martes ante la suspensión cautelar de 82 artículos de la Ley Nº 27.802 de Modernización Laboral, una norma que había sido sancionada por amplia mayoría en el Congreso de la Nación. La entidad empresaria cuestionó la decisión judicial y alertó sobre su impacto en la seguridad jurídica y el clima de inversión.
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A través de un comunicado, la UIA remarcó que la ley fue aprobada en el marco de las facultades constitucionales del Poder Legislativo y sostuvo que el respeto por la división de poderes resulta clave para el funcionamiento institucional y económico del país. En ese sentido, planteó que la suspensión de una norma votada por el Congreso debería ser “el último recurso del orden jurídico y no el primero”.
La organización también advirtió sobre las consecuencias que este tipo de decisiones puede tener en la economía. "La Argentina necesita reglas claras, previsibles y estables que promuevan la inversión, el empleo formal y la competitividad. La persistencia de la incertidumbre normativa debilita el clima de negocios y retrasa las decisiones productivas", asegura el texto.
En ese marco, la UIA insistió en la necesidad de contar con reglas claras, previsibles y estables que favorezcan la competitividad y el desarrollo productivo. Además, defendió la vigencia de la Ley de Modernización Laboral como una herramienta para actualizar el sistema y acompañar las transformaciones del mercado de trabajo.
La Justicia laboral suspendió, de manera provisoria, más de 80 artículos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional, una luego de una medida cautelar presentada por la CGT.
El texto firmado por el triunvirato de la central obrera, Jorge Alberto Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, logró frenar una parte significativa de la Ley de Modernización Laboral (27.802) sancionada el pasado 27 de febrero.
El juzgado nacional del Trabajo advirtió sobre la posible “afectación de derechos constitucionales” y el riesgo de “perjuicio inminente” para los trabajadores. Por ese motivo, indicó la suspensión provisoria de los artículos cuestionados, hasta el momento en que se dicte la "sentencia definitiva”.
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