El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires convalidó la aplicación del artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral, que establece un régimen especial para actualizar las indemnizaciones en los juicios laborales que estaban en curso cuando entró en vigencia la reforma. La decisión fue adoptada por mayoría, y dejó sin efecto el mecanismo de actualización que había dispuesto la Cámara del Trabajo.
El TSJ porteño avaló el recorte de intereses para los juicios laborales en trámite y aplicó la reforma de Javier Milei
El máximo tribunal porteño resolvió por mayoría que los créditos de los expedientes pendientes se actualicen bajo el esquema previsto en la Ley 27.802. Hubo dos votos en disidencia.
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El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires convalidó la reforma de Milei en juicios laborales.
El fallo representa un respaldo judicial a uno de los puntos centrales de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional: modificar la manera en que se calculan los intereses de las deudas laborales en los expedientes que todavía no tienen sentencia definitiva.
Los jueces Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés Weinberg votaron por validar la norma, mientras que Luis Francisco Lozano y Alicia Ruiz se pronunciaron en disidencia y sostuvieron que el artículo 55 debía ser declarado inconstitucional.
La discusión llegó al máximo tribunal porteño a partir de una demanda de una trabajadora ,contra el Banco Hipotecario y Aegis Argentina, en un expediente iniciado por despido.
La trabajadora había denunciado que ingresó a prestar servicios para el banco el 28 de marzo de 2005, aunque fue registrada formalmente recién el 20 de noviembre de 2006. Después de reclamar que se reconociera su verdadera fecha de ingreso y ante la falta de respuesta, se consideró despedida en marzo de 2017.
La Justicia laboral había reconocido al Banco Hipotecario como verdadero empleador y condenado solidariamente a ambas empresas al pago de las indemnizaciones y los rubros salariales reclamados.
Pero el punto que terminó en discusión fue la actualización de ese crédito. La Sala IX de la Cámara Nacional del Trabajo había declarado inconstitucional la prohibición de indexar y ordenado aplicar el Índice de Precios al Consumidor (IPC), más un interés puro del 3% anual desde que cada suma era debida hasta su efectivo pago.
El banco apeló esa decisión y cuestionó que el mecanismo utilizado implicara una actualización prohibida por las leyes 23.928 y 25.561. También sostuvo que el resultado era desproporcionado.
Durante la tramitación del recurso entró en vigencia la Ley de Modernización Laboral 27.802. Su artículo 55 estableció un mecanismo específico para los juicios laborales que ya estaban en trámite y pendientes de sentencia definitiva, incluidos los recursos de queja.
¿Qué establece el artículo 55?
La norma dispone que los créditos laborales se actualicen mediante la tasa pasiva determinada por el Banco Central. A su vez, fija un techo: el resultado no puede superar el cálculo del capital histórico actualizado por IPC más un 3% anual. También establece un piso: el monto final no puede ser inferior al 67% de ese último cálculo.
La trabajadora cuestionó la constitucionalidad de esa disposición. Argumentó que reducía el valor real de los créditos, afectaba el derecho de propiedad y establecía un trato desigual para quienes tenían reclamos judiciales pendientes. Sin embargo, la mayoría del TSJ rechazó esos planteos.
Los jueces De Langhe y Otamendi consideraron que el Congreso tenía facultades para establecer un régimen transitorio y específico para los expedientes que ya estaban en trámite. Sostuvieron que la existencia de dos mecanismos diferentes de actualización no implica, por sí misma, una violación del principio de igualdad.
En ese sentido, explicaron que el artículo 55 responde a un contexto particular: años de alta inflación, prohibición legal de indexar y distintos criterios judiciales que habían sido cuestionados por la Corte Suprema.
Para los magistrados, la norma procura establecer pautas ciertas para determinar las obligaciones y preservar los créditos laborales mediante un mecanismo que contempla un límite mínimo en favor del trabajador.
También descartaron que existiera un derecho adquirido a mantener el mecanismo anterior de actualización, porque los accesorios de la condena todavía no habían sido establecidos mediante una sentencia firme.
La jueza Inés Weinberg coincidió con la solución y sostuvo que el planteo de inconstitucionalidad no había demostrado un perjuicio concreto que justificara dejar sin efecto la norma.
La disidencia
Los jueces Luis Lozano y Alicia Ruiz votaron en contra y plantearon una posición muy diferente. Consideraron que el artículo 55 establece un tratamiento discriminatorio para los trabajadores que acudieron a la Justicia antes de la entrada en vigencia de la reforma.
En su voto, advirtieron que el mecanismo de actualización previsto para esos expedientes podía arrojar resultados considerablemente inferiores a los que recibirían otros acreedores en situaciones similares.
Para fundamentarlo, compararon los resultados de distintas tasas entre marzo de 2017 y agosto de 2026. Según ese cálculo, mientras la tasa pasiva del Banco Central arrojaba un interés del 5.930,88%, la Tasa de Intereses Moratorios (TIM) alcanzaba el 12.186,65%.
Los jueces señalaron que esa diferencia perjudica a quienes deberían recibir una protección constitucional preferente.
Además, cuestionaron que la ley pudiera modificar retroactivamente intereses que ya se habían devengado antes de su entrada en vigencia.
Por eso, concluyeron que el artículo 55 vulneraba los derechos de igualdad y propiedad, además del principio protectorio del trabajador, y debía ser declarado inconstitucional.
Pese a esa disidencia, prevaleció la posición mayoritaria. El TSJ admitió la queja del Banco Hipotecario, revocó la sentencia de la Cámara del Trabajo del 13 de mayo de 2025 y ordenó que los accesorios del crédito de la trabajadora se calculen conforme al artículo 55 de la Ley 27.802.
La decisión deja un antecedente relevante para los juicios laborales que permanecían pendientes de sentencia definitiva al momento de entrar en vigencia la reforma.
El ministro de Justicia de la Ciudad Gabino Tapia celebró el fallo en su cuenta de X: “Fallo relevante de nuestro Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que ratifica la constitucionalidad del art 55 de la reciente Ley Laboral, que traerá previsibilidad y equilibrio en las actualizaciones de los créditos laborales”.



