Lázaro Báez fue aceptado como querellante en la causa de espionaje ilegal

Política

El empresario fue espiado en la cárcel de Ezeiza junto a otros detenidos. El juez de la causa Juan Pablo Augé respondió favorablemente a un planteo de sus abogados.

Lázaro Báez fue aceptado por el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé como querellante en la causa de espionaje ilegal, por lo que desde ahora podrá impulsar el caso que involucra a ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri y de la AFI dirigida por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Báez, que fue espiado en la cárcel de Ezeiza junto a otros detenidos del kirchnerismo, había denunciado haber sido víctima de “un plan sistemático de persecución política y judicial”.

Los abogados de Baez denunciaron “la violación al derecho a la confidencialidad de sus conversaciones” ocurrida en la cárcel de Ezeiza.

El juez Augé respondió favorablemente a un escrito presentado ante el magistrado por los abogados de Baez, Juan Martín Villanueva y Elisabeth Gasaro, Baez, quienes advirtieron sobre la existencia de “un plan sistemático de persecución política y judicial que involucra a miembros del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal y de la Agencia Federal de Inteligencia, muchos de los cuales aún no han sido convocados por la judicatura”.

Los letrados explicaron que Baez fue “víctima de un grupo de agentes orgánicos e inorgánicos” quienes se dedicaron a realizar tareas de inteligencia y espionaje ilegal consistentes en llevar a cabo vigilancias, obtener información, producir inteligencia, y generar informes sobre distintas personas por el solo hecho de su pertenencia político-partidaria, social, sindical y/o cultural. “Todo ello comandado por funcionarios del Poder Ejecutivo de la Nación y la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia”, liderada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

En la presentación ante el juez Augé, los abogados denunciaron el espionaje ilegal previo a la detención de Lázaro Báez ocurrida en 2016. Se apoyaron en un artículo periodístico de Página 12 sobre la actuación del policía Juan José Reiriz que revistaba en la Superintendencia de Investigaciones Federales bajo el ala del jefe Claudio Tapia y un supuesto pedido del juez Sebastián Casanello a la ministra de seguridad Patricia Bullrich “para que designe una fuerza de seguridad idónea para que de manera encubierta proceda a la localización y seguimiento de Lázaro Báez y de sus hijos en Santa Cruz”, según la nota.

Se recuerda en el escrito el “despliegue cinematográfico” en el aeropuerto de San Fernando cuando se lo detuvo.

La defensa puso el acento en el espionaje del que fue víctima Baez en la cárcel de Ezeiza junto a otros detenidos del kirchnerismo, y remitió a una serie de documentos que constan en la causa que dan cuenta de “información ilegalmente obtenida, utilizada para coaccionar imputados, testigos, muchas veces funcionarios públicos y del esquema judicial”.

En los documentos se da cuenta del "semáforo" con el cual los imputados de la causa decidieron calificar a distintas víctimas de su accionar delictivo, siendo que respecto de aquellos "sindicados" con color rojo es que se aplicaba la mayor rigurosidad. “Mi cliente y poderdante, como surge claramente, se encuentra en segundo lugar y marcado con el color rojo”.

“Se estudiaron no sólo los pormenores personales de la vida de cada uno de los detenidos y de mi asistido en particular, se realizó espionaje ilegal sobre sus familias y los posibles conflictos a ser explotados; sus filiaciones políticas; los lugares dónde se realizaban las visitas -probablemente con el objetivo de cablear las celdas, salas y aulas-, e incluso también realizaron un perfil de quienes ejercemos sus defensas, nuestros clientes, nuestros vínculos políticos, nuestras oficinas y socios”, consignaron los letrados.

La defensa considera que los imputados cometieron contra Baez abuso de autoridad, violación de secretos, usurpación de funciones públicas, falsificación de documentos por parte de Arribas y Majdalani “para intentar encubrir su propio ilícito”, entre otros delitos cometidos.

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