Ley de Glaciares: siga en vivo las audiencias públicas en Diputados

Con más de 100 mil inscriptos, el esquema definido por el oficialismo habilita solo 400 oradores y desata cuestionamientos por presuntas irregularidades

Parte frontal del glaciar Tambillos, en Mendoza.

Ianiglia

La Cámara de Diputados de la Nación Argentina dará inicio este miércoles 25 de marzo a la primera audiencia pública federal para debatir la reforma de la Ley de Glaciares, en un contexto marcado por fuertes cuestionamientos políticos y legales sobre el mecanismo de participación definido para el proceso.

El encuentro comenzará a las 10 de la mañana con una modalidad mixta —presencial y virtual— y contará, en su primera jornada, con 200 oradores presenciales. El jueves se sumarán otros 200 participantes de manera remota. Sin embargo, el esquema diseñado por el oficialismo dejó afuera a la enorme mayoría de los más de 100 mil inscriptos, lo que encendió la polémica.

Un esquema cuestionado por su alcance limitado

La organización de la audiencia estuvo a cargo del bloque oficialista La Libertad Avanza, que definió un formato restringido en el que solo 400 personas podrán exponer en vivo, mientras que el resto deberá participar mediante el envío de escritos o videos.

Este mecanismo rompe con el formato tradicional de audiencias públicas en el Congreso, donde la participación suele ser más abierta y directa. En este caso, el volumen de inscriptos obligó a establecer filtros, pero distintos sectores advierten que la solución adoptada limita el debate real.

La decisión no solo generó críticas desde la oposición, sino también entre organizaciones ambientales, académicos y especialistas en derecho, que consideran que el procedimiento podría afectar la legitimidad del proceso legislativo.

Impugnación formal y conflicto político

En paralelo al inicio de la audiencia, un grupo de diputados nacionales presentó una impugnación formal contra la convocatoria. Entre los firmantes se encuentran Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva y Adriana Serquis, junto a otros legisladores de distintos espacios.

El planteo sostiene que la audiencia “carece de validez” debido a “serias irregularidades” en su organización, que —según argumentan— restringen indebidamente la participación ciudadana.

Además, advierten que el esquema podría contradecir normas clave como la Ley General del Ambiente, la Constitución Nacional Argentina y compromisos internacionales asumidos por el país, entre ellos el Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.

Qué está en juego con la reforma

La discusión gira en torno a la modificación de la Ley de Glaciares, sancionada en 2010, que establece presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, considerados reservas estratégicas de agua dulce.

La reforma impulsada por el oficialismo apunta a flexibilizar algunos aspectos regulatorios para habilitar mayores niveles de actividad económica —especialmente en minería e hidrocarburos— en zonas actualmente protegidas.

Este punto es el que genera mayor tensión, ya que sectores ambientalistas advierten sobre el riesgo de afectar ecosistemas clave y comprometer reservas hídricas en un contexto de cambio climático.

Participación masiva, pero con dudas sobre su impacto

El dato de más de 100 mil inscriptos refleja el alto nivel de interés social que despierta la iniciativa. Sin embargo, la modalidad elegida plantea interrogantes sobre cuánto de ese volumen de participación tendrá impacto real en el debate parlamentario.

En la práctica, la mayoría de los ciudadanos solo podrá enviar su opinión de forma indirecta, sin instancia de exposición ni interacción.

Para la oposición, esto desnaturaliza el objetivo de una audiencia pública. Para el oficialismo, en cambio, se trata de una solución operativa frente a una convocatoria inédita en términos de participación.

Un debate que recién comienza

Más allá de la polémica por el procedimiento, la audiencia marca el inicio de una discusión que promete escalar tanto en el Congreso como en la agenda pública.

La reforma de la Ley de Glaciares no solo abre un debate técnico y ambiental, sino también político y económico: pone en tensión la necesidad de atraer inversiones y explotar recursos naturales con la obligación de preservar ecosistemas estratégicos.

En ese equilibrio —cada vez más complejo— se jugará no solo el futuro de la norma, sino también el modelo de desarrollo que la Argentina busca consolidar en los próximos años.