Rodolfo Terragno se ha convertido en una especie de Pierre Menard legislativo. Pero, a diferencia de aquel personaje de Borges cuya originalidad consistía en copiar literalmente «El Quijote», el senador resolvió tomar como modelo a Cristina Kirchner. Hace aproximadamente dos meses, Terragno presentó el mismo proyecto que había elaborado la senadora para regular, de manera bastante restrictiva, los decretos de necesidad y urgencia cuando su marido no era presidente, claro.
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Ayer, el Menard de Cristina se comunicó con este diario para hacer algunas aclaraciones sobre su papel en este proceso legislativo, por el cual el Congreso discute qué tipo de límites deben tener las facultades legislativas que toman prestadas los mandatarios por razones de «necesidad y urgencia». Las posiciones de Terragno pueden ser discutibles, acaso exagerar su rol de motor de la historia, pero sin duda tienen interés para comprender mejor lo que se está discutiendo en estos días en que el Congreso se prepara para ceder parte de su poder al Ejecutivo.
La primera objeción del autor del proyectode Cristina fue que no se resaltara suficientemente su papel como impulsor de la reglamentación de los DNU. «No es una cuestión menor que el gobierno, en la persona de Cristina Kirchner, quisiera cajonear eternamente el problema, para evitar que le pongan límites. Al alentar el proyecto que ella misma firmó cuando no formaba parte del oficialismo hemos obligado a que se discuta el problema.»
La tesis de Terragno supone una premisa: ahora los presidentes tendrán más limitaciones que antes para emitir ese tipo de decretos. «Admito que las limitaciones que se le impondrán con el dictamen de la comisión serán menores y por eso votaré en contra. Pero hasta ahora los presidentes emitieron decretos que se fueron publicando en el Boletín Oficial, a un ritmo de dos por semana, sin restricción alguna. En cambio, a partir de esta reglamentación, deberán enviar el texto al Congreso y aguardar el tratamiento de una Comisión Bicameral, cuyas discusiones trascenderán a la prensa.» Allí caería la última valla: el Congreso puede no tratar nunca el decreto en cuestión, que seguirá teniendo vigencia. Lo mismo sucedería en el caso de que los legisladores se aboquen a la norma y el Presidente consiga que una de las dos cámaras se la convalide. La conquista que defiende Terragno es, por lo visto, más política que institucional.
El senador defiende, entonces, que la situación actual, aunque deformante, es mejor que la ausencia total de reglamentación (aducida muchas veces por los jueces para convalidar este tipo de decretos). Pero también debe admitir que la reglamentación que se alcanzará es aberrante por el extraordinario poder que delega en el Ejecutivo. Una delegación que antes existía por omisión (al no reglamentarse el artículo constitucional), pero que ahora queda institucionalizada con una acción concreta del Congreso, bastante aberrante. Tanto, que él la votará en contra.
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