Los partidos políticos deben ser sujetos obligados ante la UIF

Por Silvana Yazbek y Diego Gamba*

La Unidad de Información Financiera (UIF) es el organismo cuya misión es el análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir los delitos de lavado de activos (proveniente del narcotráfico; contrabando de armas; asociación ilícita; delitos contra la administración pública; prostitución de menores y pornografía infantil; extorsión; trata de personas; evasión fiscal, etc.) y de financiación del terrorismo.

Para cumplir dicha misión la UIF cuenta con la colaboración de los denominados sujetos obligados, muchos de ellos del sector privado y otros del sector público, quienes juegan un rol esencial en el sistema preventivo.

Los sujetos obligados son seleccionados por el legislador en virtud de la particular situación en la que se encuentran con relación a ciertas actividades que poseen características económicas especiales, que los convierte en instrumentos o vehículos preferidos por los delincuentes para el lavado de dinero.

En los últimos tiempos se ha conocido la existencia de causas en las que se investiga judicialmente -tanto en el fuero penal como electoral- si diversos partidos políticos han recibido aportes en incumplimiento a la Ley N° 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos y/o de origen ilegal.

Teniendo en cuenta el esencial rol en el sistema democrático de los partidos políticos y los frentes electorales, resulta necesaria su inclusión como sujetos obligados a informar operaciones sospechosas a la UIF para asegurar la licitud de su financiamiento.

De esta forma, al ser incluidos en el listado de sujetos obligados, los partidos políticos y las alianzas electorales deberán conocer a las personas que realizan aportes, adoptar mecanismos de prevención tendientes a asegurar la licitud del origen de los fondos aportados y, en caso contrario, reportar las operaciones sospechosas a la UIF. De esta manera estarán cumpliendo con una carga pública y desempeñando un rol similar al que desde hace años tienen las fundaciones, por el hecho de recibir donaciones (resolución UIF N° 30/2011).

El establecimiento de los partidos políticos y las alianzas electorales como sujetos obligados posibilitará que la reglamentación disponga un reporte sistemático mensual, mediante el cual estas agrupaciones deberán remitir a la UIF los datos de identificación personal, tributaria, monto, y fecha de cada uno de los aportes recibidos (información que ya exige la Ley N° 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos). Esta información podrá ser utilizada por la UIF en su rol preventivo y en las investigaciones administrativas que realiza, como también por la Justicia Nacional Electoral y la Justicia en lo Penal.

En torno a la discusión instalada ahora en el Senado entendemos que esta propuesta de modificación contribuirá de forma sustancial a la licitud del financiamiento de la política mejorando la calidad de nuestro sistema democrático.

Los partidos políticos y las alianzas electorales tendrán más elementos para prevenir su financiamiento ilícito y quienes no puedan justificar los fondos tendrán fuertes desincentivos para efectuar aportes ya que la UIF contará con información completa en tiempo oportuno sobre los mismos, pudiendo cruzarla con los antecedentes contenidos en su base de datos de Reportes de Operación Sospechosa recibidos previamente.

Esta obligación, además, será una herramienta que contribuirá a garantizar la integridad, transparencia y trazabilidad del origen de los aportes efectuados a los partidos políticos y las alianzas electorales, en tiempo real.

*Silvana Yazbek | @SilvanaYazbek
Abogada - Directora Ejecutiva del Instituto de la Democracia y Elecciones IDEMOE.
Secretaria del Capítulo Argentino de la World Compliance Association.

Diego Miguel Gamba | @DieGamba
Responsable de Financiamiento de la Política e Integridad del Instituto de la Democracia y Elecciones IDEMOE. Abogado - Consultor en Prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo y en Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (compliance anticorrupción).