Macri cree que en febrero podrá despedir empleados

Mauricio Macri tiene las manos atadas por la Justicia de la Ciudad. Para renovar la administración tiene que esperar a que en febrero la Cámara porteña revoque el fallo de la jueza Liberatori.

Mauricio Macri, que en su primer mes de gestión arremetió contra el gremio de empleados municipales, espera ahora que la Justicia lo saque del brete que le provocó la intervención a la obra social gremial y el desplazamiento de 2.500 contratados (esa es la cifra que oficialmente admiten en el Gobierno porteño) de la administración.

Las dos medidas con las que enfrentó al gremialismo y que aseguran le elevaron las adhesiones en el distrito dependen ahora de los vericuetos de los tribunales porteños.

Para empezar, en la causa por los empleados que reporta a una demanda de un gremio con poca representación en la Ciudad, como es la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), es ahora la fiscal Daniela Ugolini quien debe presentar la acusación para que la Cámara estudie la apelación presentada por el abogado de la Ciudad, Pablo Tonelli.

El procurador cree que en 20 días el gobierno macrista obtendrá un fallo favorable. La decisión puede recaer a manos de los jueces de Cámara que están de turno en estos momentos, como el presidente, Eduardo Russo, Nélida Daniele, Carlos Balbín y Horacio Corti.

Curiosidad

Podría darse la curiosidad, si la resolución se extiende en plazo, que en diez días regresa de sus vacaciones el juez Esteban Centanaro. El magistrado fue titular del Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Fernando de la Rúa en el distrito y es el padre de la diputada kirchnerista Ivanna Centanaro, quien también desarrolló su labor como titular del Registro Civil, pero ya en tiempos de Aníbal Ibarra. Padre e hija vienen del radicalismo local y sus gestiones en la dependencia que otorga los documentos de identidad son reconocidas.

Por ahora, tanto la apelación por el fallo de la jueza Elena Liberatori contra la intervención de la obra social como por la de los desplazados tiene en la Cámara controvertidas interpretaciones.

Fuentes judiciales han asegurado a este diario que ven con más claridad la situación de la obra social. Consideran que hay fallos de la Justicia nacional en contra de la desregulación de ese organismo que en el sistema de salud está equiparado a una obra social provincial. Entonces consideran que si Macri intervino la prestadora con la misión de que facilite los medios para que sus afiliados opten como en el resto de los gremios, expedientes anteriores le revocarían esa intención.

En cambio, el caso de los 2.500 (o 2300, como dijo la jueza) podría volver hacia atrás y terminar de confirmar el vencimiento de los contratos al 31 de diciembre pasado, como lo dispuso Macri.

Para el jefe de Gobierno, quien ha pactado con el gremio de mayor representación (Sutecba), la decisión judicial acerca de los contratados es clave para su gestión.

Precariedad

Por eso, ayer, Tonelli salió a reforzar la idea de que en dos semanas, aproximadamente, el Gobierno porteño tendrá un fallo a su favor.

«La decisión de la jueza carece de fundamentos y tiene una gran precariedad», aseguró el procurador general y se repitió su queja sobre que la magistrada «ha decidido gobernar ella».

Tonelli señaló que «ahora el tema está definitivamente en manos de la Justicia», y detalló que «la semana que viene se presentan los fundamentos de esa apelación y luego resolverá la Cámara de Apelaciones», acerca de la situación de los contratados.

«La razón indica que esta decisión de la jueza va a ser revocada en 20 o 25 días por la Cámara», remarcó el funcionario ante los micrófonos de las radios y remarcó que la resolución «carece de fundamentos jurídicos», porque se «refirió a las supuestas necesidades de los trabajadores involucrados», que eran personas «que ya no tenían ninguna relación con la Ciudad».

«Lo que la jueza ha hecho es decidir ella contratar a 2.300 empleados para trabajar en la Ciudad. Es gente que ya no tenía ninguna relación con la Ciudad. La objeción central es que la jueza ha decidido gobernar ella», evaluó el abogado, quien admitió que de 15 empleados de sus oficinas cuyos contratos fueron rescindidos, sólo se presentaron dos a trabajar tras el fallo de Liberatori.

«No todos los contratados fueron objeto de una falta de renovación», ya que «hubo una investigación sobre la utilidad de las personas y sobre esa base se decidió» la continuidad de cada uno, explicó finalmente el procurador.