Audaz, sin duda, el operativo de Mauricio Macri del último fin de semana para registrar en videos a funcionarios de la obra social de los municipales sacando bolsas y cajas con documentación de la sede cuya intervención había dictado por decreto. El testimonio sirvió para más descrédito de sus adversarios y para reforzar el entusiasmo de los propios, que veían cómo un dirigente se enfrentaba hasta la insolencia con los todopoderosos gremialistas. Pero a los efectos judiciales, esos registros tienen entidad dudosa, por haber sido registrados en forma privada, aunque con la intervención de escribanos.
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Si Macri hubiera hecho antes una denuncia ante la Justicia y ésta hubiera ordenado de manera formal esas filmaciones, servirían para un proceso en forma. Si los pesquisas hubieran seguido a los sindicalistas al destino en donde depositaron esos bultos, hubieran continuado allanamientos y más compromisos para los denunciados. Seguramente, además, se comprobaría que lo que se llevaron no sólo eran recuerdos u otra memorabilia personal que quisieron resguardar los fugitivos sindicalistas.
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