Macri no quiere darle más dinero a empresa de Bonafini
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Por eso Macri pidió ayer al ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, que reúna toda la documentación necesaria sobre los actos vandálicos y el corte de calles, la denuncia en la fiscalía contravencional y las actuaciones que pudiera haber hecho el Ministerio Público para determinar si corresponde una denuncia penal por extorsión o por tentativa de extorsión.
La Ciudad destina $ 264 millones para el IVC, pero recibe de Nación por los programas Mejor Vivienda y el Plan Federal, $ 14 millones, que este año no le fueron girados, por el primero y $ 152 millones por el segundo, de los cuales sólo recibió hasta ahora $ 3.600.000, según confiaron a este diario fuentes del Gobierno porteño.
La Fundación afirma que tieneasignada la construcción de 780 viviendas en Castañares y avenida General Paz y, aparentemente, según la Subsecretaría de Vivienda de la Nación, tendrían asignadas 224 unidades en la Ciudad de Buenos Aires por $ 22.792.000.
Ayer una manifestación de cerca de 300 personas interrumpió el paso entre la avenida General Paz y Eva Perón, en el barrio de Mataderos. El lunes, además, los activistas hicieron pintadas en el frente del palacio municipal y en el domicilio particular del titular de Instituto de la Vivienda de la ciudad (IVC). Argumentan que la empresa de Bonafini no tiene fondos para pagar los sueldos porque Macri se los retiene y le reclaman a$ 2.400.000.
«El IVC retiene una partida de 2,4 millones de pesos destinada a la construcción de 780 viviendas en el predio de Castañares y General Paz, girada por el gobierno nacional -más específicamente la Subsecretaría de Desarrollo Urbano-, quien financia la obra», destinada a la población de diferentes villas porteñas, señalaron desde la Fundación Madres. Montenegro, el ministro de Macri, denunció que el reclamo es «inválido» porque «las obras no están terminadas», por lo que «no se puede seguir adelante con la entrega de dinero» y adelantó que presentará ante la Justicia una « denuncia por extorsión» contra Schoklender.
«Hasta el momento realizaron 60 por ciento de las construcciones, cuando ya debería estar terminado un 80 por ciento», aseguró el ex juez.
Desde el IVC, que conduce Roberto Apelbaun, explicaron que «la Fundación es un contratista del Estado y como tal se le deben aplicar las mismas normativas, exigencias y cuidados que a los demás. No puede haber privilegios. En esta lógica se enmarca este conflicto».
También argumentaron que «durante el año 2008, la Subsecretaría de Vivienda de la Nación ha girado al IVC $ 40,9 millones, de los cuales $ 32,7 millones (80% del total) fueron adjudicados por el Gobierno nacional a Sergio Schoklender y la Fundación Madres de Plaza de Mayo»
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