Curiosa elección hicieron los abogados porteños, la semana pasada, dándole la mayoría de los votos para la conducción de un organismo a los letrados que impulsan la desaparición del mismo. Un modelo de horizontabilidad que ilustra el grado de crisis política de la Argentina. Por el voto de los abogados se abolirá algo votado por sus representantes.
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Así, el macrismo reflotará hoy la propuesta de derogación de la ley que creó la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (Cassaba), que impone el aporte obligatorio de los letrados sobre cada una de sus gestiones y que desde que nació es cuestionado. Hay numerosos pedidos a la Justicia en ese sentido, pero existen fallos a favor de mantener la caja como medidas cautelares que evitan los aportes.
Hasta ahora en la Legislatura porteña no alcanzaron los votos para derogar la norma, sancionada durante la gestión del ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra y pareció un contrasentido que el ex legislador macrista, Jorge Enriquez, uno de los más fervientes detractores de Cassaba se presentara en la elección de la semana pasada, a disputar la presidencia del organismo sobre el cual venía impulsando su desaparición.
Más llamó la atención cuando Enriquez ganó esa elección por 50,27% con su lista llamada «Derogación y Distribución». Recién le corresponde asumir en junio y su postulación fue animada por abogados que supieron compartir las filas de la Upau -brazo estudiantil de la Ucedé-, incluido su creador, Juan Curuchet, entre otros aliados. Hubo festejos después de la elección -con pizza y canilla libres- a los que se acercó el titular del colegio de Abogados, Jorge Rizzo, quien lideró también una cruzada contra Cassaba pero en la ocasión no presentó lista.
Para algunos abogados que se entregaron al brindis, la elección resultó curiosa y con escrutinio histórico, según aseguraban. Es que Enriquez viene de la UCR, y Cassaba la creó la gestión de la extinta Alianza de la que participaba también el radicalismo que habría dejado herederos en la conducción.
Los ganadores creen que existiendo Afjp sólo se ha «encarecido el servicio de justicia creando una burocracia innecesaria». Es cierto que el sistema subió el precio de los honorarios, ya que los letrados suman el aporte obligatorio a los clientes, pero además las quejas obedecen porque casi no habría jubilados por esa caja, mientras se habrían invertido u$s 2 millones en un edificio.
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Además, en los festejos de la lista ganadora, se comentó que la victoria «fue impresionante» y calculaban que la última vez que los abogados lograron un resultado similar fue en 1985, en ocasión del plebiscito por la reforma al plan de estudios de Derecho.
Otros, en cambio, se entregaban a todo tipo de chanzas sobre los ex Franja Morada -al parecer los abogados mantienen las internas universitarias- derrotados y las caras del grupo al cual tildan de «33 orientales», que son quienes se desempeñan dentro de Cassaba.
Laura Elliff ocupará una de las cinco sillas que Derogación y Distribución tendrá en el directorio de Cassaba, de las nueve del organismo. Héctor Huici será suplente de Enriquez, mientras que tres directores quedaron para el actual oficialismo «Solidaridad y Gestión» (encabezó
Lucio Ibáñez) y un puesto queda para la lista « Abogados por la Igualdad» que postuló a Juan Hussey. La lista progresista «Cambio Solidario» que llevó a Alejandro Pereyra se quedó sin nada, al obtener apenas 252 votos. Javier Petrantonio encabezará un bloque de 27 asambleístas, que será mayoría sobre 53 del organismo.
Mientras tanto, hoy el diputado macrista Martín Borrelli elevará a la Legislatura el proyecto de derogación que cree que, con el triunfo de Enriquez tendría más chances de ser aprobado que el año pasado.
La porción del macrismo que avala la derogación, además tiene en cuenta, que Mauricio Macri supo manifestarse a favor de anular la ley y que algunos abogados que integran su staff, como Pablo Tonelli (procurador) y el propio Curuchet ( vicepresidente del Banco Ciudad) animaron la movida de Enriquez.
En el ciclo anterior no hubo votos para la derogación a pesar de las medidas cautelares que dispuso la Justicia concediéndole a unos 1.500 abogados que no efectúen los aportes a la caja.
Otro tema será, si se resuelve la derogación, contar los fondos y que Enriquez los reparta entre los abogados, como ha prometido en su campaña.
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