La resolución del juez federal de San Luis, Esteban Maqueda, de admitir la validez del autoproclamado congreso del PJ -convocado por sectores disidentes-, que mudó a la capital puntana el domicilio legal del partido justicialista, tuvo ayer una derivación habitual en el planeta K: el amague de iniciarle un jury al magistrado que falló en contra de los intereses del gobierno.
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En teoría, esa acción debería motorizarla la jueza María Romilda Servini de Cubría, al solicitarle al Consejo de la Magistratura que evalúe las acciones de Maqueda. De ese modo, sospechan los que conocen los recovecos de la Justicia electoral, se resolvería rápidamente el trámite.
Sin embargo, no se descarta otra alternativa más estruendosa: que haya un planteo desde el Congreso para elevar a jury a Maqueda por su actuación en el caso PJ donde, dicen, «no se habrían respetado» las instancias básicas que exige la carta orgánica partidaria y, a pesar de ello, el magistrado habría avalado en función «de los intereses de los Rodríguez Saá», según sostuvo anoche una fuente partidaria.
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