La Cámara Federal porteña excarceló a Paula Aballay, esposa del sindicalista Juan José Zanola, aunque seguirá procesada como organizadora de una asociación ilícita en el marco de la causa que investiga la llamada "mafia de los medicamentos".
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La decisión fue tomada por la sala I del tribunal de apelaciones, que hasta actuó como sala de feria en los tribunales federales de Retiro, confirmaron fuentes tribunalicias.
Los camaristas ordenaron al juez federal Norberto Oyarbide que excarcele a Aballay luego de resolver el tipo de caución que se le fijará.
En el fallo firmado, los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah consideraron que no hay riesgo de fuga y que, como la mujer "ya fue procesada y su situación en la causa ya está definida en ese sentido, es casi inexistente el riesgo de entorpecer la investigación".
"La sala ratificó su doctrina de siempre, la situación de encierro es excepcional y en este caso cambió la situación desde la primera vez que se le rechazó la excarcelacion, porque ahora ya está procesada y la pesquisa sobre su persona casi agotada", agregaron las fuentes.
La defensa de Aballay había pedido lo que se conoce en tribunales como "abreviación de plazos", es decir, que se considerara su excarcelación en tiempos menores a los que habitualmente se utilizan, algo a lo que accedió la fiscalía del caso.
Por eso, la sala "se vio obligada hoy" a definir la situación en el último acuerdo antes de ceder el turno a la sala II del fuero.
Aballay permanecía hasta hoy detenida en la cárcel de mujeres de Ezeiza, donde fue llevada tras ser apresada el 30 de noviembre pasado junto a su marido Zanola en la causa por la venta y suministro a pacientes graves de medicamentos adulterado sy por la falsificación de troqueles para cobrar al Estado tratamientos nunca suministrados.
La mujer de Zanola se desempeñaba como gerenta de Atención al Beneficiario del Policlínico Bancario.
En la misma causa, Zanola está procesado con preventiva como supuesto jefe de una asociación ilícita destinada a estafar al Estado cobrando falsos tratamientos y a pacientes entregándoles suministros vencidos o adulterados.
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