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La posición asumida en esta oportunidad por el canciller argentino es sustancialmente igual a la que vinieron sosteniendo los gobiernos constitucionales desde hace mucho tiempo en cuanto a la ratificación de nuestros derechos de soberanía sobre las islas Malvinas y la invitación al Reino Unido para resolver la disputa en la mesa de negociaciones.
De todos modos no está de más señalar que a partir de la reforma constitucional de 1994, al sancionarse por unanimidad la cláusula transitoria primera que tuve el honor de proponer a la Convención Constituyente, ningún gobierno podrá apartarse del camino que esta norma establece en forma concluyente a saber:
a) Que la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte del territorio nacional.
b) Que la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía que constituye un objetivo permanente del pueblo argentino, se efectuarán conforme a los principios del derecho internacional.
c) Que se respetará el modo de vida de sus habitantes.
Estos preceptos fundamentales constituyen el núcleo duro de una verdadera política de Estado que bajo ningún punto de vista se puede soslayar ni desvirtuar con interpretaciones coyunturales ni oportunistas.
En ese sentido resulta perjudicial para la posición argentina que se sostenga con ligereza, posiblemente en procura de algún mezquino rédito político, que la República Argentina haya reconocido a los isleños el carácter de «parte» en el conflicto de soberanía. Su participación en el marco del conflicto ha sido siempre como
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