En la desesperada estampida de los funcionarios por aumentarse el sueldo de acuerdo con la inflación (que siempre niegan que existe), no podía quedarse atrás el Consejo de la Magistratura. Su lentitud y la trasparencia fueron las razones que motivaron la reforma que promovió Cristina Fernández y el « vergonzante el nivel de gastos respecto del desempeño» de ese órgano, la crítica de Néstor Kirchner. Seguramente, el mandamás peronista se enojará cuando se entere de que en el Consejo de Jueces se está discutiendo con mucho ahínco el salario del representante del Ejecutivo, Joaquín Pedro Da Rocha. El funcionario quiere ser considerado consejero y ganar de acuerdo con esa función. Unos 15 mil pesos. Igual que un camarista de Casación.
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Por lo menos, eso es lo que está a consideración del plenario del Consejo de Jueces desde que a la mesa grande de discusión llegó un dictamen de la Comisión de Administración Financiera -sin fechar, sólo dice junio 2006- que aconseja la aprobación del proyecto de resolución que, para el caso, deberá fundamentarlo el doctor Claudio Kipper.
En el considerando uno se afirma que habiéndose sancionado el 27 de febrero la ley de reforma del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento, quedó establecido que el desempeño de los miembros magistrados y legisladores de ese cuerpo colegiado será honorario debiendo percibir las remuneraciones que les correspondan por sus respectivos cargos. Los demás miembros, cualquiera fuera su representación, percibirán «una compensación equivalente a la remuneración de un juez de la Cámara Nacional de Casación Penal».
Vigencia
En el caso del jurado de Enjuiciamiento, la percibirán desde la plena y efectiva constitución del jurado, es decir, su puesta en funcionamiento para el juzgamiento de un caso en concreto hasta el dictado de la sentencia o, en su caso, de la aclaratoria.
En palabras simples: los jueces cobrarán los sueldos que reciben por su función o cargo de magistrados; los legisladores, sus haberes como parlamentarios; los académicos y abogados -por la ley viejaganarán como camaristas.
Como Joaquín Pedro está fuera de cualquiera de estos rótulos -porque es un funcionario del Ejecutivo-, algún solidario escuchó su queja y recomendó «que se le liquide por parte del Consejo de la Magistratura la compensación equivalente a la remuneración de juez de Cámara de Casación Penal».
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