Espionaje ilegal: exagente reveló los detalles del cableado en el Melchor Romero

Política

Exespía de la AFI relató en indagatoria que su jefe le había dicho que la orden "provenía directamente de la señora 8".

Un exespía de la AFI admitió haber participado del cableado y la instalación de cámaras y micrófonos en el penal Melchor Romero durante el gobierno de Mauricio Macri, y apuntó al área de Jurídicos que dependía de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

En declaración indagatoria vía zoom ante el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé, un exjefe de operaciones técnicas de la AFI contó los detalles del cableado en la cárcel que dependía del SPF, aunque dijo que para él no fue una actividad ilícita.

Y se defendió explicando que en todo caso son las áreas de Jurídicos, a cargo entonces de otro imputado, Juan Sebastián De Stéfano, las que “deben velar por la legalidad de los actos”.

Fernando Wahler ingresó a trabajar a la entonces Secretaria del Inteligencia del Estado (SIDE) el 1 de abril del año 1996 en el Departamento de Operaciones Técnicas, División Investigación y Desarrollo. Desde ese momento hasta su cese el 30 de noviembre de 2017 estuvo en ese puesto. En enero de 2020 fue desvinculado definitivamente de la AFI.

En su descargo explicó que ocupó el cargo de Jefe de Departamento “sin percibir la paga del mismo dado que nunca se plasmó la orgánica”. Dependía de la Dirección de Contrainteligencia.

Al acusado se le imputa el espionaje realizado en 2018 en el penal de Melchor Romero. Contó en la indagatoria que fueron a ese establecimiento penitenciario por el pedido realizado en forma verbal por el espía Alan Ruiz, en carácter de Jefe Director directo. El Director de Contrainteligencia en ese momento era Diego Dalmau.

El pedido para instalar equipamiento en el Melchor Romero fue solicitado por Ruiz con fundamento en un polémico convenio entre la AFI macrista y el Servicio Penitenciario Federal.

“El mencionado me solicita el pedido de instalación de equipamiento de audio y video para el establecimiento carcelario en cuestión fundamentando esa petición en la existencia de un Convenio entre ambos organismos a los fines de brindar una colaboración”, explicó el ex agente.

“A su vez me manifestó que dicho pedido provenía directamente de la Sra. 8 (Silvia Majdalani) con quien mantenía comunicación directa”.

La instalación de cámaras y micrófonos: “Me solicitan que realice el proyecto para la implantación de los dispositivos. En función del requerimiento que me solicitaron, correspondía a la instalación de Cámaras en pasillos, patios y salas del establecimiento penitenciario Melchor Romero”.

“Asimismo, instalación de micrófonos en el baño y en las 3 celdas contiguas al mismo de una de las alas del pabellón. Más tarde se incorpora al pedido la instalación de micrófonos en otras salas más distantes de las antes mencionadas”, relató el exagente en su indagatoria.

Para llevar adelante esa petición, Whaler contó que realizaron una visita al penal “en un vehículo perteneciente a nuestro organismo”. “En el penal nos recibe la Directora del mismo y nos señala el lugar donde habría que instalar los dispositivos. Asimismo, se recorrió parte del penal para visualizar los lugares donde pasarían los cables para el funcionamiento del equipo”.

Tras el reconocimiento y realizado el proyecto, relató que elevó la propuesta a conocimiento del Director Alan Ruiz junto con el pedido en forma verbal de costo aproximado para la compra de los materiales.

En agosto de 2018 se le informó que el presupuesto había sido recortado por Ruiz y el proyecto cambiado. “Se había suprimido el control del sistema por parte del personal del penal y en cambio se instaló en una habitación contigua al baño antes mencionado donde funcionaba la caldera del pabellón”.

“A una semana de haber terminado la instalación de los sistemas el Sr. Alan Ruiz me solicita en forma verbal el pedido de remoción del cableado y sistema de Audio lo cual se llevó adelante conforme lo solicitado”.

Pedido de sobreseimiento: para apoyar su pedido de ser desvinculado del caso, aseguró que “los trabajos se realizaron a plena luz del día frente a personal penitenciario que nos observaba en todo momento y tenían conocimiento de las tareas a realizadas”

“El trabajo de instalación de cámaras en un penal no significaba a nuestro modo de ver ninguna tarea ilícita. jamás tuve la posibilidad siquiera de representarme participar en un ilícito penal dado que se cumplieron todos los pasos internos de la Agencia a los fines de que se cumpla con dicho requerimiento”, se defendió.

“Son las áreas de jurídicos quienes tiene que velar por la legalidad del acto, máxime cuando en la administración del Escribano Arribas y la Sra. Majdalani el área de jurídicos pasó a llevar el control de todas los casos y las causas”, finalizó su indagatoria pidiendo su sobreseimiento.

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