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La decisión de encarar una administración federal inexorablemente tendrá que pasar por una nueva relación Nación-provincias. Por eso cuando asuma como jefe de Gabinete tendré la misión de recrear ese vínculo al igual que la reforma del Estado.
La nueva relación Nación-provincias debe tener dos instrumentos básicos: una nueva ley de coparticipación federal y una ley de disciplina fiscal que fije con claridad los límites de endeudamientos del gobernante.
Los estados provinciales deberán recuperar la recaudación impositiva, en forma gradual y progresiva. Esta transferencia de obligaciones también determinará una transferencia de responsabilidades.
De esta manera habrá premios y castigos, públicos y notorios en cuanto a saber administrar los fondos que se recaudan en cada territorio provincial. Se podrá determinar con claridad meridiana el estado económico y financiero de cada provincia para terminar con esta mentira de que las provincias en forma generalizada son culpables del déficit del Estado.
La recaudación coparticipable deberá estar fuera del presupuesto del Estado para evitar, como viene sucediendo en los últimos tiempos y con más evidencia en este gobierno, que los gobernadores se transforman en mendigos del presidente. De esta manera no existirá discusión económica alguna, cada provincia recibirá automáticamente su nivel de coparticipación federal.
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