Ministro de Macri no logró acuerdo por basura porteña

El ministro de Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, recibió ayer duras críticas por la basura porteña. Ese funcionario presentó en la Legislatura los proyectos de nuevos contratos para la recolección de residuos que tienen que aprobar los diputados.

Como si fuera poco, en la reunión, de la que participaron 31 legisladores (son en total
60), en número inusual para una comisión, el ibarrismo formuló una seria denuncia, pero no recibió respuestas del funcionario.

Estuvieron también vecinos del conurbano que reclamaron por la contaminación que provocan los basureros en González Catán, adonde van a parar los residuos porteños.

La primera crítica a Piccardo fue que el proyecto de licitación se entregó formalmente diez minutos antes de que comenzara el encuentro, donde los diputados quisieron interiorizarse sobre el nuevo sistema y su convivencia con los cartoneros.

Reciclado

El funcionario dio a entender que si bien a las empresas de recolección -de aprobarse el sistema para el año próximo- se les pagará por tonelada de basura recogida y no como actualmente por «zona limpia», el Gobierno porteño se ocupará de que continúe el reciclado de los cartoneros, en los llamados centros verdes, pero la explicación no convenció a los diputados.

Le niegan además que las concesiones se hagan a 10 años y, por otra parte, el legislador Eduardo Epsztein, quien fue funcionario de Ibarra y justamente manejó el tema de la basura, le solicitó al ministro una investigación.

Epsztein, que preside el bloque Diálogo por Buenos Aires, que integra Ibarra, dijo que el 30% de los residuos sólidos que se recogen en la Ciudad son trasladados «de forma irregular a una planta de transferencia», por lo cual la Ciudad estaría pagando cerca de $ 1 millón más de lo que usualmente paga.

El centro, de acuerdo con la denuncia, está en la calle Varela al 2600, en el barrio porteño de Flores, donde «no se cumple con las normas previstas para su habilitación, como, por ejemplo, la falta de evaluación de impacto ambiental».

«Estos residuos -de parte de los cuales se desconoce su origen y se sospecha que son escombros que provienen de la provincia de Buenos Aires, según el diputado- son pagados por la Ciudad a la CEAMSE a un costo de un millón y medio de pesos mensuales que no tendrían por qué pagarse», dijo Epsztein.

Las embestidas contra Piccardo llegaron a tal punto que los mismos macristas se fueron retirando de la sala y Ritondo quedó solamente acompañado por Daniel Amoroso y Martín Ocampo de su bancada.

Piccardo explicó que la recolección de residuos abarcará únicamente los húmedos, y que los secos (papeles y cartones) la realizarán los cartoneros, cumpliendo la Ley de Basura Cero. Sorprendió el funcionario al decir que actualmente la gestión de residuos urbanos «está a la deriva, sin propuestas, sin resultados ni soluciones», pero prometió «una Ciudad limpia, reducir la cantidad de residuos e integrar a los cartoneros al sistema de recolección diferenciada».

Dijo, además, que son necesarios 10 años de contrato para alentar «las inversiones en tecnología, equipos y contenedores» y que para eso también se necesita que sean menos empresas que las actuales (se pasará de 5 a 3) las que realicen el servicio.

Preguntas

Por otra parte, Piccardo deberá contestar por escrito 25 preguntas sobre la recolección. «Ni en el espíritu del proyecto, ni tampoco en el pliego de licitación está prevista la aplicación de la Ley de Basura Cero», reclamó el kirchnerista Diego Kravetz, en sintonía con Julián D'Angelo ( bloque socialista) y Alejandro Rabinovich (Autonomía con Igualdad), entre otros.

El Gobierno porteño necesitaque este año se apruebe el proyecto de ley que modificará los contratos para llamar a una nueva licitación para reemplazar el servicio en febrero, una vez que caduquen los contratos actuales.