El juez federal de Concepcion, Guillermo Quadrini, recorrió la
zona del río Uruguay, en cercanías de la pastera, a bordo de
una lancha de Prefectura para tomar muestras de agua que
permitan determinar si existe contaminación.
Ninguno de los intentos por pacificar la situación entre Argentina y Uruguay parecieron dar frutos ayer. Mientras el canciller Reynaldo Gargano intentó retractarse sin mucho éxito de sus dichos del lunes (ver nota aparte), el ministro de Medio Ambiente de ese país, Mariano Arana, recordó que no le temblará la mano si debe cerrar la planta de Botnia por contaminación pero al mismo tiempo consideró deplorable que el entrerriano Jorge Busti financie a «quienes dicen llamarse ambientalistas». No fue un buen cóctel para intentar desarmar ese conflicto que durante el fin de semana separó a Argentina y Uruguay como nunca lo estuvieron en su historia.
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Mientras tanto en Buenos Aires se optó por el silencio. Fuentes de la Cancillería confirmaron que no habría una respuesta oficial a las declaraciones de Gargano para no seguir alimentando esa hoguera. Ante lo inevitable de la puesta en marcha de Botnia se apela ahora a los resultados que puedan aparecer en la Corte de La Haya y a las instancias de diálogo que puedan abrirse de aquí a fin de 2008 cuando se espera recién se expida ese tribunal, como los llamados a dialogar por parte de España o las instancias de encuentros forzados entre los presidentes que se dará el 9 de diciembre, cuando se reúnan en Buenos Aires Hugo Chávez, Luiz Inácio Lula da Silva, Nicanor Duarte Frutos, Evo Morales, Rafael Correa, Alvaro Uribe, Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez para firmar la creación del Banco del Sur.
También se verán los presidentes al día siguiente para la asunción del mando de Cristina de Kirchner a la que Tabaré prometió concurrir y el 18 de diciembre en Montevideo cuando el presidente uruguayo le entregue a Cristina de Kirchner la presidencia pro tempore del Mercosur. Es inevitable que en algunos de esos momentos los presidentes no se reúnan para hablar del caso Botnia.
A pesar de esos intentos de diálogo, la estrategia argentina seguirá sobre tres bases:
Mantener el centro de la disputa en la violación del Tratado del Río Uruguay por parte de Montevideo, no entrar en « menudencias» que sólo son cuestiones colaterales y tomar a la posible contaminación como una consecuencia de esa violación al acuerdo.
Insistir con la voluntad de diálogo por parte de la Argentina y recordar que Uruguay viene protagonizando decisiones unilaterales como la de Santiago de Chile desde hace 4 años, por ejemplo, cuando Jorge Batlle firmó las autorizaciones a ENCE y Botnia o cuando el propio Tabaré se comprometió en Santiago de Chile en 2006 a una suspensión que finalmente no se cumplió.
Seguir aportando pruebas a la causa en La Haya, como la recolecciónde datos sobre el agua y el aire en la zona de la pastera, que está haciendo la Secretaría de Medio Ambiente que actúa como brazo de la Cancillería en ese terreno.
Por eso, como respuesta a Gargano, hubo ayer una defensa del accionar del país en todo el conflicto y un intento de despegar a Néstor Kirchner de cualquier responsabilidad por la decisión de habilitar Botnia que Tabaré Vázquez tomó en Santiago de Chile. La Cancillería insistirá, mientras espere que se den los próximos pasos procesales en el litigio que se mantiene ante la Corte Internacional de La Haya, con la absoluta responsabilidad de Uruguay en el conflicto.
Pero mientras se sigue con la vía legal por la Cancillería, en la Casa Rosada se intenta avanzar para recomponer una vía de diálogo entre los dos países que hace unos meses quedó cortada. Es lo que se llamó la diplomacia de los Fernández, por la relación que mantienen Alberto Fernández, jefe de Gabinete, con Gonzalo Fernández en Uruguay, secretario general de la Presidencia.
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