Nación no definió apoyo a baja de imputabilidad

En medio de la profundización de los reclamos por mayor seguridad en la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional condicionó la apertura del debate legislativo para bajar la edad de imputabilidad de los menores a 14 años ya que aún no asumió una postura definitiva al respecto.

«Estamos escuchando todas las opiniones», dijo el ministro del Interior, Florencio Randazzo, al ser consultado sobre el pedido del gobernador Daniel Scioli para reducir de 16 a 14 años la edad de imputabilidad de los menores que cometen hechos delictivos considerados graves. Fue después del asesinato del ingeniero Ricardo Barrenechea en San Isidro, que desató una escalada de reclamos por mayor seguridad en el conurbano y una sucesión de marchas vecinales -con epicentro en la zona norte y la ciudad de La Plata- que tendrá hoy en Plaza de Mayo una masiva convocatoria.

Precisamente, el domingo durante una protesta de vecinos frente a la Municipalidad de San Isidro, el Estado nacional fue blanco de fuertes críticas por su política contra la delincuencia.

Tema preocupante

La inseguridad -admitió Randazzo- «es un tema que preocupa» a la administración kirchnerista, que además está dispuesta a « colaborar con la provincia, como lo hace con todas las provincias de la República».

«Por supuesto estamos dispuestos a colaborar con fuerzas nacionales, como Gendarmería y Prefectura, para que trabajen en forma coordinada con las fuerzas provinciales», remarcó el funcionario.

En este contexto, el presidente del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, sostuvo que una eventual baja de la edad de imputabilidad penal de los menores «es un debate que hay que dar», aunque reconoció que se trata de un tema polémico. Y admitió que él tiene «muchas dudas» de que una ley de este tipo «pueda resolver la inseguridad».

«Mentiría si dijera que hay posición unánime» sobre esa propuesta, dijo Rossi, quien además indicó que no conoce que haya sido presentado formalmente algún proyecto en ese sentido, a nivel nacional. Aclaró que «nadie ha hablado» con él sobre esta idea, aunque aclaróque eso «no indica que no hayan hablado con otros legisladores».

El debate impulsado por Scioli desató en los últimos días una serie de cuestionamientos, especialmente provenientes del sector judicial. Entre las voces en contra se escuchó en las últimas horas a la jueza de la Corte Suprema de Justicia Carmen Argibay y a la procuradora general bonaerense, María del Carmen Falbo.

Responsables

Argibay reclamó ayuda para los niños «de manera que no signifique torturarlos, encerrarlos, maltratarlos, tratarlos como a animales», en el marco del XV Encuentro Nacional de Mujeres Juezas.

«La gente que habla de bajar la edad de imputabilidad y dice que ahora todo es culpa de los menores creerá que los menores cayeron de Marte. Si esos menores están en esa situación, nosotros somos responsables», aseguró.

Por su parte, Falbo se mostró «irritada» con las críticas del intendente de San Isidro, Gustavo Posse, quien la tildó primero de « absolucionista» y en declaraciones posteriores, se corrigió y dijo «abolicionista».

«La cuestión de bajar la edad de imputabilidad como única respuesta no soluciona nada, si el Estado no ofrece apoyo complementario. Me refiero a lugares que a los menores les den educación, deporte, alimento. El Estado debe dar herramientas de socialización, no mandarlos a una cárcel», se quejó la jueza.

La preocupación de Scioli por la alta participación de menores en hechos de inseguridad radica en que, según cifras que maneja el gobierno, por año se registran al menos un millón de delitos cometidos por adolescentes y jóvenes de entre 14 y 18 años.

Este escenario representa incluso un aumentosustancial en la participación de menores de entre 14 y 16 años en hechos delictivos, que creció 16,1% en un año. Mientras que los delitos cometidos por adolescentes de entre 16 y 18 años aumentaron 79,2%.

El jefe de la Policía Bonaerense, Daniel Salcedo, señaló recientemente que sólo son denunciados «entre 1.000 y 1.200 por mes» (1,44%) y que «85 por ciento» de los chicos detenidos «sale en menos de dos horas» por orden de un fiscal.