Montevideo - Si el plan de vigilancia ambientaldispuesto por el gobierno nacional a través de la Secretaría de Medio Ambiente comprueba que Botnia realmente contamina, la Argentina no esperará el fallo del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya y demandará a Uruguay también ante el Tribunal de Revisión Permanente del Mercosur.
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Fuentes de la Cancillería argentina aclararon que el juicio que se tramita en La Haya se acota a la posible violación del Tratado del Río Uruguay, que dispone la administración conjunta entre argentinos y uruguayos de ese recurso hídrico. Y que de confirmarse que la pastera de Finlandia genera efluentes tóxicos, la Argentina quedaría en condiciones de demandar a Uruguay de inmediato ante el máximo órgano judicial del Mercosur.
Esta semana se informó que la Secretaría de Medio Ambiente, que conduce Romina Picolotti, iniciará en menos de un mes un plan integral de vigilancia ambiental en la orilla argentina del río Uruguay, frente a Botnia, con el objetivo de recopilar datos que puedan detectar una posible acción contaminante de la pastera sobre el cauce de agua compartido.
El gobierno dejó trascender que ese plan de control apuntaba a recopilar más pruebas para el juicio que se sigue en La Haya. Pero esa sería sólo una parte de la historia. Con el diferendo paralizado por la falta de diálogo entre Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez, el gobierno no estaría dispuesto a tolerar el humo de Botnia hasta fines de 2008 cuando se espera que el tribunal europeo se pronuncie en favor de Uruguay. Y el reclamo de la relocalización también es utópico, comentaban ayer integrantes del gobierno en Montevideo durante la VII Sesión del Parlamento del Mercosur. Por eso la Argentina estudia anticiparse a La Haya y demandar a Uruguay ante el Tribunal Permanente de Revisión (TPRM) del bloque sudamericano, con sede en Asunción del Paraguay.
El Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur es el órgano judicial del Mercosur desde 2004. La Cumbre de Olivos en la que se creó el TPRM se realizó en el momento más crítico de la crisis económica de 2001, con el fin de dar un apoyo especial a la Argentina y establecer para el Mercosur una nueva línea de acción orientada a darle mayor institucionalidad y permanencia. Ahora en el peor momento de las relaciones diplomáticas con Uruguay podría volver a cobrar protagonismo.
Este órgano judicial atiende sólo reclamos realizados contra los Estados miembro, por incumplimiento de las normas del Mercosur. Y puede ser demandante, tanto un Estado como un particular. Los cuatro miembros originales designados directamente por los países en agosto de 2004, se les ha renovado el mandato hasta agosto de 2008: Nicolás Eduardo Becerra (Argentina), João Grandino Rodas (Brasil) , Wilfrido Fernández de Brix (Paraguay), Roberto Puceiro Ripoll (Uruguay) y su presidente, el paraguayo José Antonio Moreno Ruffinelli.
Dentro del TPRM, cuyos fallos no tienen fuerza vinculante, según explicó a este diario el brasileño Rafael Nascimento Reis, secretario de Relaciones Institucionales y Comunicación Social del Mercosur, los diferendos pueden plantearse ante tribunales ad hoc o bien directamente ante el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur que, en caso de que alguna de las partes recurra, revisa el laudo para verificar si posee errores jurídicos. El TPRM puede también resolver el caso directamente si las partes lo solicitan (per saltum).
La posibilidad de que la Argentina conviertala pelea con Uruguay en un conflicto multilateral implica un giro en la política exterior del país en relación con este tema ya que hasta ahora, y sin ningún resultado positivo a la vista, la Casa Rosada enfocó el diferendo como un asunto bilateral.
Pedido brasileño
Ayer durante la reunión de la Comisión de Desarrollo Regional Sustentable y Medio Ambiente del Parlamento del Mercosur, la delegación brasileña pidió a argentinos y uruguayos que el bloque avance en la definición de una política ambiental común. Y que se informe por escrito al plenario. Sin mencionar en ningún momento el conflicto por las papeleras, la diputada kirchnerista Beatriz Rojkes de Alperovich asintió en silencio. Es que Kirchner les prohibió a los legisladores argentinos en Montevideo que se inmiscuyan en la crisis diplomática con Uruguay.
También el canciller uruguayo, Reynaldo Gargano, se refirió ayer al conflicto diplomático y celebró que la Gendarmería argentina haya evitado un nuevo corte en Concordia y el levantamiento del piquete de asambleístas entrerrianos en Colón. «Estamos buscando los mejores términos para solucionar el diferendo sin olvidar que somos países hermanos», fue la escueta declaración del ministro a este diario. Sobre la visita de Cristina de Kirchner el 18 de diciembre a Montevideo para asumir la presidencia pro témpore del Mercosur, Gargano dijo que «se la va a recibir como presidente de los argentinos, con el honor que eso representa y con toda la buena voluntad».
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