La audiencia convocada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) para tratar la privatización de Aguas y Saneamientos S.A. (AySA) impulsada por el Gobierno nacional finalizó con críticas al proceso e incertidumbre por el futuro de las obras hídricas.
Nuevos cuestionamientos por la privatización de AySA e incertidumbre por el futuro de las obras
La audiencia convocada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento incluyó críticas al proceso iniciado por el Gobierno nacional.
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El Gobierno busca avanzar con la privatización de AySA.
Semanas atrás, una investigación de Ámbito comprobó que Nación "no registró" un crédito del Banco Mundial que era para el Sistema Riachuelo.
La Comisión de Deuda Pública de la Auditoría General de la Nación (AGN) identificó, en su informe sobre el “Segundo Financiamiento Adicional para el Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo”, una serie de irregularidades graves a la hora de aplicar el crédito del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por parte del Ministerio de Economía.
La falta de transparencia que emerge de la auditoría, a priori, pondría en serio riesgo la inminente privatización de AySA, lanzada por el gobierno de Javier Milei.
De acuerdo con la información, la AGN emitió una opinión adversa sobre los estados financieros del préstamo BIRF 9252 y detectó falta de documentación e “inversiones no registradas” por más de $42.935 millones para 2025, equivalentes a unos 30 millones de dólares, “lo que generó una subvaluación de las inversiones del 66,57%”, según el documento mencionado. En la mira quedaron el ministro Luis Caputo y el presidente de AySA, Alejo Maxit.
Cuestionamientos a la privatización de AySA
Uno de los expositores en la audiencia de este lunes fue el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, quien apuntó contra la administración de Javier Milei.
“Por indicación del Gobernador Kicillof, y en representación de todos y todas las bonaerenses nos presentamos en en la Audiencia Pública de AySA para rechazar el tarifazo y denunciar la estafa de su privatización”, explicó Katopodis.
El funcionario provincial cuestionó los nuevos incrementos impulsados por el Gobierno y advirtió sobre la paralización de las obras de infraestructura necesarias para ampliar el acceso al agua potable y las cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
“¿Para qué vender una empresa superavitaria que todos los argentinos, con mucho esfuerzo, logramos poner en equilibrio? Para que los grupos económicos amigos de Milei y Caputo hagan un negociado”. lanzó.
Asimismo, acusó a la gestión de Milei de "rematar" AySA y hacer que sean los usuarios de 26 municipios bonaerenses y CABA quienes paguen las consecuencias.”, afirmó Katopodis y además explicó que “estas tarifas ya sufrieron un incremento del 555%, muy por encima del 300% de inflación, y encima paralizaron casi 300 obras que estaban en ejecución en 2023”.
“Como pasó ayer en Brasil, estas políticas van a tener un freno. No vamos a permitir que dejan a un país sin obra pública y a millones de ciudadanos sin agua ni cloacas por 30 años”, concluyó.
La propuesta presentada por AySA contempla aumentos para el 60% de los hogares de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, con una suba promedio del 22,6%. De aprobarse, cerca de 2 millones de hogares pasarán de pagar $29.116 mensuales más impuestos a $35.710, a valores de septiembre de 2026 y sin contemplar las actualizaciones por inflación.
Otro de los oradores fue el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, quien se preguntó: “¿Podemos pensar que esta nueva concesionaria va a continuar las obras del río subterráneo Sur, que beneficia a los municipios de Quilmes, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza y Florencio Varela?"
"El monto de esta sola obra supera los 340 millones, mientras están regalando AySA. Hacen falta obras millonarias y, si no las hace el Estado argentino, no las va a hacer nadie. Ningún privado las va a hacer”, expresó.
Gray recordó que recurrió a la Justicia en dos oportunidades: primero, para solicitar que se permitiera la participación de la empresa provincial Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) en la licitación y, luego, para cuestionar la exclusión de las empresas estatales provinciales.
También presentó un amparo contra las cláusulas del pliego que permiten a la futura concesionaria interrumpir los servicios de agua y cloacas por falta de pago y contemplan un período de diez años de desinversión. “Un negocio inmenso para los vivos de siempre y un enorme perjuicio para millones de bonaerenses”, manifestó.
“Ante un nuevo abuso que pone en riesgo la vida cotidiana de nuestra comunidad, instamos al Gobierno nacional a frenar este proceso de privatización, terminar con los aumentos y profundizar un plan de inversión sostenible, que debe continuar, indudablemente, en manos del Estado”, disparó.
Por último, el intendente sostuvo que continuará con las acciones judiciales necesarias para defender los derechos de las vecinas y los vecinos del distrito y reclamar las obras de agua y cloacas pendientes.
