Un gerente puesto por Javier Iguacel no aportó ni un solo elemento a la hipótesis delictiva en el juicio por la obra pública en Santa Cruz. A pesar de que su propio jefe -el exadministrador de Vialidad del macrismo- inició la denuncia por presuntas irregularidades en ese distrito, el testigo Roger Botto dijo no recordar casi nada de lo que se le preguntó. En la audiencia de ayer las defensas recordaron que cuando declaró ante el juez Julián Ercolini, el contador fue “asistido” por el jefe de jurídicos de Vialidad del gobierno de Macri, Ricardo Stoddart, también denunciante en el expediente e imputado en la causa que investiga el negociado de los peajes en beneficio de Ausol S.A. El hecho no tiene precedentes, ya que un testigo no puede ser asistido por un tercero.
Precisamente, Roger Botto es uno de los casos de profesionales que se desempeñaban en empresas del rubro y saltaron al otro lado del mostrador durante el gobierno de Mauricio Macri. Incluso, el área que estuvo a su cargo no existía antes de su llegada. El 3 de febrero de 2016 fue designado gerente ejecutivo de Licitaciones y Contrataciones de Vialidad. Se trata de un botón de muestra de lo que sucedió en la DNV entre 2016 y 2019. Uno de los sellos de la gestión de Iguacel fue el desguace de la estructura histórica del organismo junto con el desplazamiento de varios funcionarios de carrera, para colocar a hombres y mujeres que venían del mundo empresario. Botto, es uno de esos casos emblemáticos. Entre las compañías en las que se desempeñó figura Abertis, la contratista española controlante de Autopistas del Sol S.A., cuya accionista era Socma y del Grupo Concesionario del Oeste. Ambas firmas fueron ampliamente beneficiadas por el macrismo con la prórroga por diez años del contrato sin licitación; la dolarización y suba de tarifas de peajes y el reconocimiento de u$s 499 millones por supuestas inversiones no amortizadas. Todo esto generó una causa judicial que está en curso en Comodoro Py y cuyo principal imputado es Iguacel. Ricardo Stoddar, también ex Ausol, comparte cartel en el expediente que instruye la jueza María Eugenia Capuchetti. Ambos fueron procesados por el anterior juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, pero la Cámara Federal los benefició con la anulación de dichos procesamientos, por lo que aún está pendiente volver a definir la situación procesal de ambos y del resto de los investigados. Iguacel y Sotddart jugaron en tándem para la denuncia por la obra pública en Santa Cruz y ya declararon en este juicio. En paralelo, también los dos, enfrentan la investigación por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública en la causa de “las autopistas del curro”.
Declaración floja de papeles
“¿Conoce al Dr. Stoddart?”, interrogó a Botto una de las partes:
-Sí. Fue el director de Jurídicos de Vialidad.
-¿Recuerda su testimonial de esta causa de hace cinco años?
-Si. Estaba Stoddart porque le pedí que me acompañara. Yo no tenía experiencia en estas cosas.
Luego, ante una de las preguntas clave, el testigo dijo no recordar: “¿Alguna de las respuestas que usted brindó recibió asistencia de Stoddart? “No recuerdo que me haya asistido”.
Sin embargo, el acta de aquella declaración le fue exhibida durante la audiencia y mostró que en aquel momento quedó asentado que Stoddart efectivamente lo asistió durante su exposición ante Ercolini, lo que configuró una hecho a todas luces irregular. Stoddart, patrocinante de la denuncia contra Cristina de Kirchner, asistió a uno de los testigos, que era su subordinado en Vialidad.
En aquella declaración que había sido “vigilada” por Stoddart, Botto introdujo uno de los elementos que luego tomó la fiscalía para la acusación. Mencionó que la ley de obra pública establece que si el contratista está ejecutando una obra pierde capacidad para licitar otros trabajos. El objetivo era señalar que se le daban a Austral Construcciones obras por sobre su capacidad técnica. Sin embargo, la defensa de Lázaro Báez ya demostró que no fue así y que los certificados de capacidad técnica, no se expedían en las obras por convenio con las Provincias. En este caso, la mayoría, ya que no existe ni existió en Santa Cruz un organismo técnico competente que expida dichos certificados.
Sin mayores resultados en esta oportunidad, el Ministerio Público interrogó: “¿Ha hecho algún tipo de análisis de las obras de Santa Cruz?” “No que yo recuerde”.
“¿Tiene algún recuerdo de cuál era la situación de los trabajadores viales en Santa Cruz?” “No”, dijo.
“¿Tiene algún tipo de conocimiento sobre las licitaciones en esa provincia entre 2003 y 2015?” “No recuerdo. Había casos de grupos económicos conformados por una misma empresa que se presentaban a licitación y no había competencia”. “¿En qué casos?” “No recuerdo”.
Con esta tónica se desarrolló toda la testimonial. A lo largo de casi tres horas, el contador, de excelentes lazos con las exautoridades macristas en Vialidad, no aportó elementos contundentes para fortalecer la denuncia de sus propios jefes.
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