Marcha federal universitaria 2026: cuál es el reclamo de financiamiento y salarios al gobierno de Javier Milei

La comunidad universitaria volverá a marchar frente al Congreso para exigir más presupuesto, mejoras salariales y la aplicación de la ley suspendida por la Justicia.

La comunidad universitaria volverá a movilizarse frente al Congreso por presupuesto y salarios.

ANRED

El Consejo Interuniversitario Nacional convocó para este martes una nueva marcha federal universitaria para reclamar contra el ajuste en educación superior, la caída del presupuesto y el deterioro salarial de docentes y trabajadores no docentes. La movilización se realizará frente al Congreso y será la cuarta protesta nacional de las universidades contra el gobierno de Javier Milei.

La convocatoria está prevista para las 17 horas y reunirá a estudiantes, docentes, rectores y gremios universitarios. El eje central de la protesta será el reclamo por la crisis de financiamiento que atraviesan las universidades públicas y el pedido para que se aplique la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso en 2025 y actualmente suspendida por decisión judicial.

Estudiantes, docentes y rectores participarán de una nueva marcha federal universitaria contra el ajuste.

Qué reclaman las universidades en la marcha federal universitaria

Uno de los principales cuestionamientos de las universidades apunta a la caída del presupuesto destinado a la educación superior. Para 2026, el Gobierno nacional presupuestó $4,8 billones para el área, pero las proyecciones inflacionarias indican que eso representaría una baja real del 18,4% respecto de 2025 y del 42% en comparación con 2023.

Además, durante el primer cuatrimestre de este año el Gobierno destinó $1,5 billones a las universidades, cifra que representa una caída real del 7,9% interanual y del 30,7% frente a 2023. También se redujeron los gastos de funcionamiento destinados a servicios y mantenimiento de edificios, que registraron una baja del 40,8% respecto de hace dos años.

Otro de los reclamos centrales está vinculado con los hospitales universitarios. Según datos de la Oficina Nacional de Presupuesto, en los primeros cuatro meses de 2026 el Gobierno sólo ejecutó el 9,3% de los fondos destinados a esas instituciones. Esto implicó una caída real del 67,1% frente a 2025 y del 86,4% respecto de 2023.

La protesta buscará exigir la aplicación de la ley de financiamiento universitario suspendida por la Justicia.

Claudio Fanchi / Agencia NA

La caída salarial de los docentes universitarios

La situación salarial de los docentes también aparece como uno de los puntos más sensibles del conflicto. De acuerdo con datos de Conadu, en abril de 2026 un docente con dedicación simple y diez años de antigüedad percibió un salario bruto de $332 mil.

Esa cifra representa una caída real del 8,8% respecto de abril de 2025 y una pérdida acumulada del 34,2% desde noviembre de 2023. A su vez, el presupuesto destinado al pago de salarios de docentes, autoridades y trabajadores no docentes cayó 26,3% frente a 2023.

Las universidades también alertan sobre la reducción de la inversión por estudiante. Según datos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el financiamiento universitario por alumno cayó a $2,4 millones, el nivel más bajo registrado desde 2004. Actualmente, el sistema universitario argentino cuenta con alrededor de 2,5 millones de estudiantes y más de 220 mil trabajadores entre docentes, autoridades y personal no docente.

El sistema universitario reclama una respuesta urgente ante la crisis presupuestaria.

La ley de financiamiento universitario, frenada por la Justicia

Otro de los ejes de la protesta será el reclamo para que se aplique la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso en 2025. La norma establecía una actualización automática de las partidas presupuestarias y de los salarios docentes según la inflación acumulada desde fines de 2023.

Aunque el Gobierno nacional vetó la ley en septiembre de 2025, el Congreso rechazó ese veto y ratificó la vigencia de la iniciativa. Sin embargo, el pasado 7 de mayo la Justicia suspendió su aplicación y habilitó al Gobierno a recurrir ante la Corte Suprema, que ahora deberá definir el futuro de la norma.

En este contexto, las universidades aseguran que la movilización busca visibilizar el impacto del ajuste sobre el funcionamiento de las instituciones públicas y reclamar una respuesta urgente para garantizar el financiamiento del sistema educativo nacional.