Luego de que la Corte ordenara un nuevo fallo que revise las absoluciones, Villar expuso ante la Sala I pero chocó con las defensas que sumaron argumentos distintos que fueron desplegados en el debate que dejan en falsa escuadra la insistencia en la acusación.
Se volvió a reeditar la revisión de las absoluciones dictadas en la causa Oil Combustibles.
En una acotada audiencia ante la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, se volvió a reeditar la revisión de las absoluciones dictadas en la causa Oil Combustibles, luego de que el juicio oral de más de dos años que no encontró responsabilidad penal en los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, titulares del Grupo Indalo.
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Lo único novedoso –luego de más de ocho años de proceso- fue que las defensas optaron por sumar un análisis detallado de diversas cuestiones (algunas bien técnicas) para exponer que el Ministerio Público Fiscal insistió en una versión antigua de su hipótesis delictiva, pero que en el desarrollo del juicio no solo no alcanzaron a ser probados, sino que se desmoronaron con los testimonios y el peritaje.
La audiencia tuvo a un Mario Villar mucho más acotado en su despliegue, en comparación al mismo trámite que se había llevado a cabo más de un año antes, cuando Casación ratificó las absoluciones a favor de López y De Sousa que habían sido determinadas por el Tribunal Oral Federal N°3 que hizo el juicio. Ante la protesta del Procurador General interino Eduardo Casal, la Corte Suprema solicitó una nueva revisión y ahora se conformó una nueva sala de Casación para llevarla adelante. Van a haber intervenido ocho magistrados, la mayoría, en el mismo sentido. Los jueces Alejandro Slokar, Mariano Borinsky e Ignacio Yacobucci comenzaron puntual.
El fiscal volvió a sacar tickets de nafta y sostuvo que Oil se quedaba con dinero de los consumidores que cargaban en las estaciones; que se inscribió en una agencia de AFIP y no en Grandes Contribuyentes; que alguien “desconfirmó” obligaciones de deuda (sin precisar cómo); que los montos de deuda, año a año, “se parecían” a los préstamos intercompanies dentro del holding; y que incumplieron su obligación de acreditar una situación económica financiera que impidiera cumplir y por ello son partícipes del delito.
“Lo que acaba de decir el fiscal es falso”, señaló el abogado de De Sousa, Alberto Beraldi, al cuestionar que el fiscal vuelva a sugerir que debía aplicarse una condena por “sentido común”, luego de que en el caso Ricardo Echegaray fuera declarado culpable. Villar fue muy cuestionado por esa mención y por intentar comparar alegorías para figuras penales. Y criticó que insistiera en mezclar el caso Oil con Hotesur y los Sauces donde –según Villar- “se supone” que podría haber lavado de activos.
Lo primero que hizo la defensa fue insistir en que la estrategia del Ministerio Público es tratar de volver a incluir cuestiones que ya se habían juzgado y donde no se encontraron delitos. Hay un dato no menor: desde la apelación a la sentencia, los fiscales intentaron extender periodos fiscales para encuadrar el delito, pero eso colisiona con el marco por el cual el TOF hizo el juicio y, en su momento, fue consentido por el Ministerio Público Fiscal. El asunto es jurídicamente relevante.
“Pidieron planes para pagar, no para no pagar”, exclamó Beraldi en sentido contrario a lo que había sostenido Villar que evitó hablar del peritaje contable donde surge que de los impuestos refinanciados se habían pagado cerca de $2.600 millones entre capital e intereses.
A su turno, De Sousa tomó la palabra para remarcar las irregularidades que tuvo todo el proceso hasta la llegada del juicio oral, donde la AFIP fue la única fuente de información para la justicia respecto al delito de defraudación al Estado, la figura delictiva en la que terminó mutando la investigación, luego de ir cerrando otros caminos que no hallaron elementos para avanzar. Lo básico: al día de hoy todavía se insiste en la retención de Oil de impuestos de terceros sobre Combustibles Líquidos. Aquello nunca ocurrió porque la petrolera no vendía a consumidores finales y tres testigos especialistas declararon que la firma era responsable por impuestos propios (ITC) y jamás retuvo algo que pagasen consumidores finales. Ni evasión ni apropiación de tributos ni insolvencia fiscal fraudulenta, todas las estrategias que se utilizaron para mantener viva, en alguna instancia, la causa.
De Sousa también abordó cuestiones técnicas de la acusación como el Informe de Situación Fiscal de la AFIP y la Auditoría 14, documentos que se reportaron manipulados o incompletos y con los cuales la AFIP impulsó la denuncia y después se montó como querella, intentando disimular las falencias que tenían. De hecho, una auditoría tuvo tres versiones: la inicial, la que elevó un testigo –donde se contradecían algunos aspectos- y la versión final, esta última recién con todos los sellos internos y con datos sustancialmente distintos a las anteriores. Apuntó a la actitud de la AFIP de Alberto Abad que ocultó información –que más tarde se encontraría en otra causa- y fabricó elementos de prueba al margen de los procedimientos del órgano recaudador. “Escondieron el informe final”, apuntó el empresario. Y hasta se intentó ocultar la Auditoría 15, que apareció durante el juicio y sorprendió porque desbarató la intención de colocar a Oil en situación preferencial: hubo 1648 planes de pago por deudas fiscales, pero la petrolera tenía menos cuotas y tasa más alta en comparación con otros.
Hablando directo hacia los jueces, explicó cuáles habían sido las condiciones de restricción financiera que impedían ingresar en tiempo y forma el ICL: el valor fijado por el Estado para el petróleo y la devaluación, respectivamente. “Cuando escucho la vinculación con Los Sauces ratifica la sensación de por qué estoy sentado acá”, sostuvo De Sousa en respuesta a la mención del contexto que otra vez intentó Villar sobre otra causa elevada a juicio pero que siempre ha funcionado como pivot para intentar probar una con otra. “Les voy a pedir que resuelvan mi situación, ya me mandaron preso dos años, no puedo seguir viviendo esta situación de perversidad”, afirmó el empresario y agregó que la acusación es “deshonesta” y que hubo múltiples pruebas de que este caso jamás trató de evasión, de insolvencia fiscal ni de ningún otro delito.
La fiscalía buscó percutir con elementos remanidos que el fallo absolutorio había dejado de lado: el empadronamiento en una agencia de AFIP en lugar de en Grandes Contribuyentes, dato que sería atendible si otras compañías de la misma talla o más como Vicentín estuvieran alojadas en Agencias y principalmente que –en el 2010- hacía siete años que no se movía la radicación de empresas en razón de su facturación. Por lo demás, los controles eran idénticos. Y la defensa de De Sousa agregó que en Grandes Contribuyentes también adhirieron a estos mismos planes de pago particulares. Por lo cual, su empadronamiento (a fines de postularlo como un delito) era indistinto para modificar que se le dieran o no planes de pago.
Una vez más, se expuso que no había relación entre los empresarios y los funcionarios de AFIP a ninguna escala (jamás se encontraron comunicaciones ni se establecieron tratos preferenciales respecto a los planes especiales de AFIP a los que accedieron); y sobre un ítem lateral pero que permaneció latente –las desconfirmaciones de boletas de deuda- sobre las que se revisó que más de la mitad de las que aparecían estaban correctamente realizadas, y el resto jamás se sabrá. ¿Por qué? Porque ni las auditorías ni las áreas técnicas de AFIP quisieron volver a preguntar por qué se habían realizado. En el juicio, el funcionario responsable tampoco pudo declarar porque había sido imputado en otra causa. Señalado como un aspecto fundamental, tres testimonios apuntaron a que, por lo general, las observaciones se habían realizado porque el código de desconfirmación no era el correcto.
“Parece que no hubo juicio”, señaló Fabián Lértora, abogado de López sobre los argumentos de la acusación que fueron realmente repetitivos hasta de los comienzos de la causa y de la nota periodística que la originó. En el medio hubo muchas fisuras en la documentación aportada por AFIP y los testigos llegaron a afirmar que pareció que se trabajó con elementos que no habían llegado a conocer.
El tramo más picante ocurrió cuando Borinsky fue el que tomó la palabra para hacer preguntas sobre lo que se había pagado de los planes. Allí Beraldi cruzó a Villar que había sostenido que los planes no se habían pagado y debió volver sobre sus pasos a decir que no se había pagado un 7% que era requisito de uno solo de los que se reformularon. El fiscal quiso contestar palabras de la defensa pero fue después Slokar el que lo cruzó porque el fiscal le contestaba al abogado.
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