Otro intento de La Nación por revivir su versión del caso Oil Combustibles

Alconada Mon vincula otro expediente a una presunta maniobra que un peritaje contable fulminó. Confunde medidas de prueba que ordenó Casanello y se abraza a denuncia de Iguacel que ya quedó desvirtuada por la investigación.

Como ya es costumbre, el diario La Nación, con la firma de Hugo Alconada Mon tergiversa información judicial con el objetivo de tratar de darle volumen a la –según la justicia- ya fallida hipótesis delictiva en torno al manejo de la petrolera Oil Combustibles.

Es así que ahora transformó una serie de medidas dispuestas por el juez Sebastián Casanello (al filo de la feria judicial) dentro de otro expediente para buscar un nexo que apuntale su versión y señala que se “reactivó” una causa contra “Cristóbal López por otro desvío de fondos para sus empresas”.

Sin embargo, en la extensión del artículo no existe referencia al Recurso de Asignación Específica (RAE) del que versa la denuncia iniciada por el exVialidad Nacional y sospechado de integrar parte de la mesa judicial del macrismo Javier Iguacel y cuyo peritaje ordenado por la justicia fue contundente para concluir que no solo no existió irregularidad alguna con la empresa AECSA (de Indalo), sino que la maniobra de apuntar hacia esa firma tuvo como contracara que lo mismo que se presentaba como un delito para la compañía de López y Fabián De Sousa y que motivó la recisión de la concesión, le fue otorgado a las concesionarias de los acceso Norte y Oeste: Autopistas del Sol (ligadas a la familia Macri) y GCO (del Grupo Abertis).

El profuso peritaje contable estableció que no se había logrado verificar “mínimamente” la hipótesis delictiva, lo que llevó al fiscal Federico Delgado –titular de la acción penal- a proponer el cierre de la causa. Las defensas habían solicitado que además se dictara el sobreseimiento, habida cuenta que no se hallaron elementos para sostener la acusación, sino que emergieron, por el contrario, lo que podría ser un delito con respecto a las otras dos concesionarias. Casanello, apartándose de lo que había solicitado Delgado, en pocas líneas afirma que le parece “incompleta la investigación” y solicita una serie de medidas, lo que marca que el expediente siempre siguió su curso, pero sus conclusiones no habían acompañado la posición del macrismo que fue quien comenzó la embestida para rescindir el contrato por la explotación del corredor Buenos Aires-Cañuelas.

El 21 de diciembre, Casanello pidió:

• A Vialidad que “remita, con carácter urgente, todo expediente, actuación y/o documentación relacionada con la intervención de la firma Autopistas del Sol S.A. que habría tenido lugar a partir del año 2009. A su vez, que informen si se registran contrataciones y/o licitaciones que haya tomado conocimiento el organismo público entre Sycic S.A. y/o Consular Consultores Argentinos Asociados S.A., y las firmas Aec S.A., Iec S.A. y/o Autopistas del Sol S.A. Finalmente, requiérase a la Unidad de Ética y Transparencia de dicho organismo que informe si se han iniciado actuaciones relacionadas con inconsistencias y/o irregularidades con relación a las personas jurídicas que anteceden, en cuyo caso deberá aportar toda la documentación que obre al respecto”.
• También pidió el expediente del concurso preventivo de AECSA al juzgado comercial
• A la AFIP le dio 5 días para que presente información de compras y ventas registradas de cuatro contribuyentes.
• A la justicia de San Luis para que certifique una causa
• Y a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para que informe el estado de su colaboración en el expediente

Como se ve, no existe vinculación con las medidas adoptadas por el juez y los RAE presuntamente desviados, la hipótesis con la que el Gobierno de Mauricio Macri quitó la concesión y denunció penalmente. Lo que intenta ahora “revivir” La Nación es precisamente lo que tras años de investigación nunca se pudo “mínimamente” demostrar.