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1 de septiembre 2022 - 21:20

Servicio de grúas: Pablo Moyano levantó la protesta de camioneros frente a la Legislatura

El sindicato y el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta acordaron que los trabajadores de las grúas y remolques permanecerán bajo el convenio colectivo de camioneros, sosteniendo sus salarios y otros derechos laborales.

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Pablo Moyano, secretario general de la CGT. 

Télam

El Sindicato de Choferes de Camiones, que tiene a Pablo Moyano como uno de sus principales referentes, suspendió la protesta programada para este jueves frente a la Legislatura porteña, cuyo fin era reclamar por el traspaso del servicio de acarreos en la Ciudad de Buenos Aires hacia la empresa pública, algo que podría perjudicar las condiciones laborales de unos 500 trabajadores.

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La decisión de levantar la movilización, programada hace varios días, se tomó luego de llegar a un posible acuerdo entre el gremio y Horacio Rodríguez Larreta. En un principio, se creía que los trabajadores de grúas y remolques que se desempeñaban en la capital iban a pasar a la empresa estatal Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), causando el repudio de Moyano, que llamó a sus compañeros a un "estado de alerta y movilización".

Igualmente, podría confirmarse un pacto para que, finalmente, el personal sea contratado por la firma Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), que también es pública. Sin embargo, dentro de esa órbita sí se podría garantizar que los camioneros sostengan su convenio colectivo de trabajo, que significa mantener sus salarios y el resto de los derechos laborales obtenidos.

Entonces, AUSA se haría cargo del sistema de acarreos en la ciudad, pero los operarios dependerían de SBASE.

La polémica por las grúas de CABA

El escándalo en torno al mecanismo de acarreos radica en las concesiones de las empresas que brindaban las tareas, Dakota y BRD, cuyos contratos están vencidos desde el 2001, pero se fueron prorrogando hasta la actualidad. Además, pagaban un canon mensual de tan solo 55.000 pesos, con un monto congelado desde el 2014.

Tras darse a conocer la polémica, y ante la insistencia de muchos legisladores por iniciar una investigación, el Gobierno porteño decidió suspender la concesión de las firmas privadas y estatizar el servicio.

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