La Cámara Federal de Casación Penal declaró "inadmisible" un recurso de queja presentado por los abogados del CEO de Clarín, Héctor Magnetto, y el director de La Nación, Bartolomé Mitre, contra el fallo que declaró al juez federal Julián Ercolini competente para intervenir en la causa en la que se investiga si durante el traspaso de las acciones de Papel Prensa a Clarín y Nación durante la dictadura militar se cometieron delitos de lesa humanidad.
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Fuentes judiciales informaron que los jueces Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Mariano Borinsky resolvieron "convalidar el criterio del auto denegatorio del recurso de casación y, en consecuencia, declarar inadmisible la presentación directa en estudio".
La resolución de la Sala III se firmó el pasado viernes 2 de noviembre, poco después de que el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, presentase un pedido de pronto despacho a los fines de que resuelvan a la brevedad planteos formulados por la defensa de los imputados.
En su resolución, los jueces recordaron que "la defensa de Héctor Magnetto y de Bartolomé Mitre interpuso recurso de queja por casación denegada, contra la resolución de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, que declaró la competencia de la justicia federal de esta ciudad para entender en la presente".
"El recurrente no ha logrado demostrar que, en el caso, se esté en presencia de una resolución de carácter definitivo o asimilable -artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación-, dado que la recurrida no pone fin al proceso ni impide su continuación", explicaron los jueces.
"Cabe recordar al respecto, que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido reiteradamente que los autos que resuelven cuestiones de competencia no constituyen, en principio, sentencia definitiva en los términos del artículo 14 de la Ley 48" que alude al recurso extraordinario", concluyeron.
La causa surgió por una denuncia del Gobierno nacional para que se investigue si se cometieron delitos de lesa humanidad para inducir en la transferencia de las acciones de Papel Prensa SA, propiedad del Grupo Graiver, en favor de las empresas La Nación SA, Arte Gráfico Editorial Argentino (AGEA) y La Razón SA.
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