Papeleras: buscan frenar en La Haya reclamos de sanciones económicas

La Argentina y Uruguay terminarán en estos días de diseñar sus estrategias legales para tratar en el tribunal de La Haya la suspensión o no de las obras de Botnia en Fray Bentos.

Néstor Kirchner, en persona,-tomará examen entre el miércoles y el jueves próximo al equipo legal que representará a la Argentina entre el 8 y el 9 de junio en el tribunal internacional de La Haya. Esos días, la Argentina se jugará su primer carta ante esa Corte, buscando que los 15 jueces que componen ese organismo mundial decidan la suspensión de las obras de las papeleras de Fray Bentos. Sólo cuando el Presidente apruebe las argumentaciones finales que se plantearán oral y públicamente en La Haya, los juristas argentinos tendrán la venia definitiva del Poder Ejecutivo y comenzarán a preparar el material que el domingo a la noche llevarán a Holanda para presentarse el jueves en el tribunal.

A la Casa de Gobierno llegará así un equipo integrado por la jefa de la delegación oficial, Susana Ruiz Cerutti, responsable del Departamento Legal del Ministerio de Relaciones Exteriores y el también funcionario de carrera Horacio Basabe (que además dirige el Instituto de Servicio Exterior de la Nación, ISEN, la escuela de los diplomáticos argentinos). El canciller Jorge Taiana también estará en el encuentro, pero como «aval general» de sus dirigidos en el ministerio. El equipo local no termina aquí, ya que en Holanda se sumará el embajador en ese país Santos Goñi y el abogado Phillippe Sand, asesor general para la presentación pero sin mando oficial. Sand fue recomendado especialmente por el embajador argentino en Londres, Federico Mirré, muy cercano también a Kirchner desde que asumió el actual gobierno. También integran el equipo local Claudia Misawak (representante de Entre Ríos), Juan Carlos Vega y Romina Picolotti (Centro de Derechos Humanos y Ambiente, CEDHA).

Sobre el contenido del reclamo argentino contra Uruguay, surgió una novedad. Dentro de la posición local habrá un capítulo dedicado a bloquear la posibilidad de un reclamo uruguayo posterior a un eventual fallo en La Haya en cuanto a la suspensión de las obras, bajo el argumento del daño económico que le produjeron al país vecino los cortes de los puentes internacionales de Gualeguaychú y Colón. Esta consecuencia ya fue confirmada por el gobierno uruguayo, que a través del canciller Reinaldo Gargano aseguró que una vez conocido el fallo del tribunal internacional, y mientras comienza a tratarse el caso de fondo sobre la contaminación de las papeleras (lo que demandará unos cuatro años), se hará una presentación en contra de la Argentina por los cortes de ruta, alegato que hasta ahora ese país lo planteara sólo ante el Mercosur. El argumento es que al no encontrar justificación para suspender las obras (en el caso que el país pierda en esta primera instancia), no habría tampoco aval para autorizar los cortes.

El contraargumento argentino ante este posible avance es el siguiente. Por un lado, los bloqueos no fueron causados por el gobierno argentino sino por los propios habitantes de Gualeguaychú, con lo cual no podría haber sanciones económicas contra el país. Además, se asegurará desde la Argentina, que en ningún momento del planteo local se incluye el reclamo de multas hacia Uruguay; aun ante la confirmación de la existencia de contaminación en las plantas de Botnia y ENCE.

Cautela

En general, y aunque no se haga público, los funcionarios argentinos son cautos a la hora de analizar las posibilidades de éxito que tendrá la posición local en La Haya dentro del reclamo de suspender las obras. Dicen que la estrategia jurídica está bien preparada y tiene sustentos serios, hay dos flancos difíciles de contrarrestar. El primero es que el pedido es para que no continúe el levantamiento de las plantas, lo que en sí mismo no tiene que ver con la acusación de contaminación. Según Uruguay, posición que será presentada en el Tribunal, las obras no afectarían el medioambiente, con lo cual no tienen por qué ser suspendidas. En todo caso, continúa el razonamiento oriental, cuando las plantas estén operativas y se determine que hay problemas de contaminación, éstas podrían ser obligadas a aplicar otra tecnología; pero nunca dejar de levantarse.

Hasta ahora no hay ningún fallo anterior de La Haya, bajo el reclamo de una «medida cautelar» referido a cuestiones ambientales que haya sido atendido. Unicamente estos reclamos fueron habilitados para evitar penas de muerte o acelerar sanciones cuando haya peligro serio contra la vida de las personas, como el caso de las matanzas en la ex Yugoslavia. También hay antecedentes sobre amparos contra experimentos nucleares en Oceanía. Sobre este argumento pivoteará parte de la posición argentina: la contaminación potencial forma parte de los «nuevos temas» referidos a las violaciones de los derechos humanos.

Así como la Argentina cerró su equipo que la representará en La Haya, también Uruguay armó su cuerpo de trabajo. A La Haya viajará el actual embajador en París, Héctor Gros Espiel. También participarán los diplomáticos y abogados Edison González Lopreire y Alberto Pérez Pérez, Carlos Gianelli (embajador en Estados Unidos) y Carlos Mora ( embajador en Holanda).