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Fuentes judiciales confirmaron que el expediente arribó hoy a la Corte proveniente de la justicia entrerriana que se declaró incompetente para tratar el caso por estar involucrado un país extranjero en la controversia.
El expediente se encuentra en manos del secretario penal de la Corte, Esteban Canevari, quien remitirá el próximo lunes la denuncia al procurador General de la Nación, Esteban Righi, para que dictamine sobre la competencia del Alto Tribunal en el caso.
Los voceros explicaron que este tipo de planteos "no registra muchos antecedentes" en la Corte, pero especularon que tal vez la justicia argentina podría "intervenir en base a lo estipulado en el artículo uno del Código Penal".
Ese apartado establece que el Código se aplicará "por delitos cometidos o cuyos efectos deban producirse en el territorio de la Nación Argentina, o en los lugares sometidos a su jurisdicción".
La demanda presentada por Busti y el vicegobernador de Entre Ríos, Pedro Gustavino, sostiene que las plantas de celulosa que se construyen en Fray Bentos "pondrán en riesgo la salud de más de 300 mil personas".
La demanda apunta contra los directivos de la empresa española Ence y la finlandesa Botnia y podría avanzar en una investigación penal contra la conducta de los empresarios.
La presentación judicial se base en la ley 24.051, de residuos peligrosos, que en su artículo 55 fija sanciones contra aquél que "envenene, adultere o contamine de un modo peligroso para la salud el suelo, el agua o la atmósfera".
La denuncia había quedado radicada en un primer momento ante el juez federal de Concepción del Uruguay, Guillermo Quadrini, pero éste se declaró incompetente, no obstante lo cual aceptó que las autoridades provinciales se constituyan como "parte querellante" en la investigación.
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