Tabaré Vázquez anunció ayer oficialmente que el gobierno uruguayo está dispuesto a «dialogar» con el argentino sobre el tema de las papeleras de Fray Bentos, pero sólo cuando se conozca el veredicto de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el tema, lo que ocurriría antes del 15 de julio. Sin embargo, extraoficialmente, desde la Argentina se afirmaba que sólo se negociaría sobre el tema si Uruguay decide suspender las obras de Botnia y ENCE, mientras públicamente ayer se le pidió a la Unión Europea (UE) que no se financien ambos proyectos hasta que no se determine, a través de La Haya, el grado de contaminación que pueden tener las pasteras.
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«Estoy dispuesto a dialogar sobre la base de estos principios», señaló Vázquez, quien señaló que los conflictos «se resolverán solamente por la vía judicial en la Corte de La Haya, como lo propuso el gobierno argentino». El presidente uruguayo declaró que quiere ver cómo «continúa el relacionamiento entre los gobiernos de la Argentina y Uruguay, y entre los pueblos de estos países», tras la decisión del tribunal internacional. «Por más que se corten los puentes seguiremos defendiendo nuestra soberanía», aclaró luego Vázquez.
Aunque no públicamente (para esto se espera algún tipo de declaración del propio Néstor Kirchner desde España), desde el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, que dirige Jorge Taiana, aseguraban ayer que no variará la posición oficial mantenida desde el encuentro entre el presidente argentino y Vázquez del 15 de marzo en Santiago de Chile. Esto es, que sólo se hable del tema papeleras cuando las obras se hayan paralizado por tres meses; algo que Uruguay no está dispuesto a conceder. Incluso esta posición no se modificará aun cuando se conozca el fallo de La Haya sobre el pedido de una medida cautelar para suspender la construcción de las pasteras cerca del 15 de julio. La Argentina quiere esperar la resolución del caso de fondo, sobre la violación del tratado del río Uruguay y la posible contaminación de la región, cosa que demandará como mínimo dos años de investigaciones y análisis por parte del tribunal internacional.
Ayer incluso desde la Argentina se abrió un capítulo nuevo dentro del conflicto. Tal como había adelantado este diario, la titular del Centro de Derechos Humanos y Ambiente, Romina Picolotti -que integró la delegación argentina ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya- solicitó ayer en Bruselas colaboración a eurodiputados para que impidan el financiamiento con fondos públicos europeos de la construcción de las dos papeleras. «Les sugerimos que envíen cartas a los organismos de crédito público que pretenden financiar la construcción para que no se financie con dinero europeo estos emprendimientos», explicó Picolotti tras la reunión que mantuvo con un grupo de diputados de Francia, España, Finlandia e Italia.
Asimismo, la abogada mantuvoreuniones durante esta semana con representantes de los bancos Crédit Lyonnais y Nordea, también involucrados en el financiamiento de las plantas, y con la Organización de Desarrollo y Cooperación de Europa, ante quien se demandó a la empresa Botnia por «incumplimiento de las directivas de corporaciones internacionales».
«Que esta organización haya abierto el caso contra Botnia es inédito y, a partir de ahora, el representante de la entidad en Finlandia le pedirá información a la empresa sobre el tema», explicó Picolotti. Según la abogada, que realiza estos actos ante la UE con el aval de la Cancillería, «el mundo financiero está esperando dos señales: el estudio del Banco Mundial y la decisión de La Haya con respecto a la medida cautelar, y mientras no se despeje este panorama ningún banco parecería tener intención de avanzar en créditos».
Picolotti, en declaraciones en la embajada argentina ante la UE, que dirige Jorge Remes Lenicov, dijo que Botnia y ENCE «no están utilizando las mejores tecnologías posibles y no serían autorizadas a construir esas plantas en Europa. La Unión Europea no puede, o no debería, desconocer lo que ocurre en el río Uruguay» e insistió asegurando que «jamás en Europa una empresa estaría construyendo una planta así en un río transfronterizo sin tener un estudio de impacto ambiental».
Hay que mencionar que las dos plantas que se levantan en Fray Bentos pertenecen a empresas con capitales originarios en países pertenecientes a la UE. Botnia es una de las papeleras más importantes de Finlandia, mientras que ENCE pertenece a un grupo español donde participa también el Estado de España.
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