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18 de agosto 2008 - 00:00

Para no perder, gobierno revisa ley de Aerolíneas

• Quiere sacar la norma estatizadora este jueves, con ayuda de la propia oposición.

• Cede y ya acepta hablar de expropiación.

• Evita referirse a una «futura privatización», como había anunciado Cristina de Kirchner.

• También cambia el sistema de tasación.

• Podría ocurrir que AA sea la única empresa del país que, por la nueva ley, jamás podrá ser privatizada. Antecedente absurdo. Resalta, sobre todo, la débil voluntad del Congreso -sometido a la dictadura de los gremios del aire- para desconocer elementales situaciones futuras, balances, pérdidas o desastres. Algo más de una Argentina patética que ha ofrecido la calamidad gestionadora del Estado en otros tiempos, luego la pseudoprivada de los españoles -compartida con elementos de este gobierno- y que, ahora, pretende condenar a un destino ineluctable a sus ciudadanos: se los obligará a pagar, por siempre, como imposición legal y democrática, cualquier desatino que se les ocurra hacer a sindicalistas y funcionarios con Aerolíneas Argentinas. Para soñar con un país.

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Ricardo Jaime
El gobierno quiere votar esta semana en Diputados el proyecto de reestatización de Aerolíneas Argentinas. El día elegido es el jueves, y el apuro, importante: el kirchnerismo teme que si continúa dilatándose la discusión, las críticas a la iniciativa del gobierno que llueven desde fuera y dentro del bloque oficial lograrán que los cambios a introducir en el proyecto sean mayores que los que ya reconoce la conducción del bloque oficialista.

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Así, el kirchnerismo debatirá mañana el proyecto en una reunión de su bloque; luego intentará emitir el miércoles el dictamen en las comisiones de Transporte, y Presupuesto y Hacienda. Al mismo tiempo, en la sesión de ese mismo día pedirá una preferencia para debatirlo en el recinto -algo que puede aprobar con mayoría simple y que le evita luego tener que conseguir los dos tercios de los votos para habilitar el tema-, y el jueves en una sesión especial intentará aprobarlo.

Este fin de semana quedó acordado que no podrá haber ley de ratificación del acuerdo entre el gobierno y el grupo Air Comet-Marsans si no existe una cláusula que prohíba la reprivatización de Aerolíneas y Austral. «Si el gobierno quiere privatizar la empresa, tendrá que enviar otro proyecto de ley al Congreso y lo analizaremos.» La definición partió nada menos que de Agustín Rossi, el presidente de la bancada oficialista, y marca el fin de una era para los Kirchner en el Congreso.

No es un secreto que las cosas han cambiado después de la derrota con la Resolución 125. Ahora los proyectos comenzaron a discutirse y son pocos los que no se animan a plantearle a Cristina de Kirchner la necesidad de introducir cambios en las iniciativas que llegan con su firma.

Impensable durante los cuatro años y medio de gobierno de su marido, cuando las leyes se votaban sin cambios, aunque estas incluyeran errores técnicos, sólo para no contrariar la voluntad de la Casa Rosada.

La cláusula que introducirá el kirchnerismo al proyecto y que impide reprivatizar Aerolíneas Argentinas y Austral inmediatamente después de haberlas estatizado y cancelado sus deudas es una victoria que el oficialismo le está reconociendo a la oposición, pero también a los sindicatos aeronáuticos, en especial APLA, la asociación de pilotos que con su presión en el gobierno y el Congreso parece por estos días comandar la operación de transferencia de las acciones al Estado.

No será el único cambio que el oficialismo consentirá en el proyecto para poder conseguir los votos necesarios para aprobarla. Ya se reconoce que también habrá reformas al acta acuerdo firmada el 17 de julio pasado por Ricardo Jaime e Interinvest SA en el sistema de valuación de las empresas para definir el monto que el Estado deberá pagarles a los españoles por la transferencia de acciones. El acta acuerdo fijó un sistema de dos valuaciones: una presentada por Marsans y otra por el Estado, con la definición final del precio por parte de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones. Pero en la ley se habla sólo de la valuación del Tribunal de Tasaciones de la Nación, por lo que habrá que incorporar algún ajuste técnico.

  • Precio

    El proyecto tiene, además, otro problema que los diputados del kirchnerismo deberán solucionar. El gobierno le pidió al Congreso ratificar un acuerdo de transferencia de acciones de Marsans al Estado por un precio que será fijado por consultoras privadas y el mencionado Tribunal de Tasaciones con el control final del Congreso. Pero nada dice de lo que podría sucedersi no se llega a un acuerdo final en el precio de compra.

    En un escenario donde el gobierno prenuncia que no pagará nada por las compañías y Marsans insiste en que se le cancele lo que vale, no es impensable que al final del proceso haya un conflicto entre los protagonistas de la operación.

    Entonces, como según adelantó varias veces el propio Jaime, Aerolíneas no puede dejar de volar, ante la eventualidad de problemas en la transferencia se dejaría abierta la puerta para una segunda opción que permita la reestatización. Este cambio aún no se ha terminado de definir, pero se podría autorizar un proceso de expropiación, tal como en el inicio planteó Felipe Solá y luego desmintió, para evitar que la operación no quede trabada por diferencias entre comprador y vendedor.
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