Si hay algo que debe caracterizar a un servicio de inteligencia, es el secreto. En el pasado y en el presente. El gobierno Kirchner no parece entenderlo. El 16 de octubre, el Servicio de Inteligencia de la Armada fue obligado a entregarle al Ministerio de Defensa el listado de sus agentes de «calle», es decir, los PCI ( Personal Civil de Inteligencia) que cumplen las directivas del vicealmirante Enrique Salvador Olmedo. La excusa para el pedido de Nilda Garré era comprobar que no cumplieran dobles funciones. Hasta ahora esa lista no ha trascendido.
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No ocurre lo mismo en el Ejército. Como consecuencia de una causa iniciada en el Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe, en la que Amalia Rocotti denunció a Horacio Américo Barcos (a) «Quique» como presunto integrantede un grupo que habría secuestrado a su marido el 16 de mayo de 1976, el Ministeriode Defensa pidió a esa fuerza el listadode los PCI de aquel entonces. Fue remitido al juzgado, pero, para sorpresa de algunos, los 48 nombres que lo integran circulan ya por algunos sitios selectos de Internet. Uno de ellos corresponde a un ex «comandante» montonero de conocida participación en hechos violentos en los años setenta y ochenta. No es la primera vez que sucede algo parecido. En tiempos de Fernando de Santibañes, el jefe de la SIDE de Fernando de la Rúa, la nómina de los agentes fue entregada a una empresa norteamericana para hacer una racionalización. En otras palabras, otro organismo en absurda liquidación.
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