Más dudas y sorpresas se abrieron ayer sobre el origen de los fondos de financiamiento de la campaña presidencial de Cristina de Kirchner al conocerse datos financieros y vinculaciones del joven empresario Ariel Vilán, cuyo suicidio -difundido el lunes- investiga la Justicia.
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Tanto la firma a cargo de ese empresario como la del asesinado Sebastián Forza están siendo investigadas por la Justicia por la presunta comercialización de medicamentos oncológicos robados al gobierno o falsificados, mientras que una hipótesis sobre el móvil del crimen apunta al tráfico de precursores químicos, como la efedrina, utilizada para la producción de metanfetaminas, que produce un efecto similar al éxtasis, pero no alucinógeno.
A través de su droguería, Unifarma, Vilán aportó dos cheques para la campaña kirchnerista, uno por $ 60.000 y otro por $ 100.000, los dos del Banco Supervielle con los números 56690185 y 57291819. Curioso, ya que no se registran en el Banco Central documentos por esos montos, dentro de los más de 400 cheques rechazados que Unifarma emitió en los últimos dos años. Algo similar ocurrió con Sebastián Forza, una de las tres víctimas del triple crimen de General Rodríguez, quien aportó con su empresa Seacamp $ 200 mil, siendo con Unifarma y otro grupo de droguerías las que dieron los principales montos para que los Kirchner pudieran difundir las bondades de la fórmula Cristina-Cobos.
Las dos empresas eran investigadas por casos de falsificación y robo de remedios, en causas en las que también aparece Droguería del Plata, que también apoyó al kirchnerismo con $ 50.000, todos aportes sobre los cuales, hasta ahora, el organizador de esas recaudaciones, Héctor Capaccioli -superintendente de Salud- no ha podido explicar con certeza.
Angustia
Ahora surge que Vilán, titular de Unifarma cuya sede en el barrio porteño de Flores fue allanada ayer, mantenía una situación comercial por de más angustiante: el banco Credicoop le pidió la quiebra justo un día antes de que se hallaran los cuerpos asesinados de Forza y dos amigos. Pero ya anteriormente otra entidad bancaria había solicitado la quiebra, luego de varias demandas por deudas impagas que actualmente suman $1.700.000, divididos en 221 cheques de cuatro bancos diferentes. Por cierto, Unifarma tenía rechazados 408 cheques por un total de más de $ 3.500.000, de los que abonó 51% de esa deuda.
Pero otras entidades ya habían solicitado la ejecución por deudas, como una cooperativa de vivienda que litigó contra Unifarma y Seacamp SA (de Forza), lo que daría cuenta de la vinculación entre ambos empresarios fallecidos. Para más pesar de Vilán, de quien se investiga si fue inducido al suicidio, también su socio en la droguería (no Forza) tenía acumuladas deudas por más de $ 1.000.000, en cheques de otra empresa que integraba.
La situación económica de Unifarma provocó varias causas comerciales y juicios ejecutivos como el que inició una cooperativa en febrero pasado, causa 94148, contra Unifarma, Seacamp SA (de Forza), Ariel Vilán y Mario López Magallanes (también socio de Vilán), por un monto de $ 7.500. Tres meses antes, las dos empresas demandadas habían dejado en la cena de recaudación de fondos para la campaña «Cristina presidente» $ 360.000.
Denunciantes
Sobre esos datos, anoche trabajaban los dos diputados de la Coalición Cívica de Elisa Carrió que hoy irán al Juzgado Federal a cargo de Ariel Lijo, a ratificar y ampliar la denuncia para que se investiguen los aportes que recibió el kirchnerismo el año pasado.
La denuncia la habían formulado la semana pasada los diputados Fernando Sánchez y Sebastián Cinquerrui, antes de conocerse la muerte de Vilan,y apunta especialmente a Capaccioli y manifestando sus sospechas de una presunta vinculación entre el poder político y sectores ligados «al narcotráfico y a la adulteración de medicamentos».
A partir de la ratificación y posible ampliación el juez Lijo -el mismo que ordenó el allanamiento de las oficinas de Siemens la semana anterior- decidirá si da inicio a la investigaciónsobre el financiamiento de la campaña de los Kirchner.
Ante las radios, el legislador Sánchez dijo ayer que la « Justicia Federal no se puede quedar con la investigación simple, sencilla y liviana del mero cumplimiento o no de la ley de financiamiento de los partidos políticos», sino que debe indagar sobre «la trama, la relación compleja y cierta entre empresas y el Poder Ejecutivo Nacional».
«De estas empresas termina demostrándose la supuesta vinculación con el negocio o de los precursores químicos, para la creación o fabricación de determinadas drogas, o con la adulteración de medicamentos oncológicos», advirtió el legislador. Luego admitió que la ministra de Salud, Graciela Ocaña, «por lo menos, es la única que ha explicado su responsabilidad», dijo en relación a la funcionaria cuya cartera venía denunciando a las droguerías y, además, la ministra de Salud, Graciela Ocaña, planteó el lunes sus propias discrepancias con la mecánica de recaudación para la política.
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