Piden reforma penal para frenar archivo de causas

El Congreso ya tiene en su poder el proyecto de ley para corregir la controvertida reforma del Código Penal, que permitía el archivo de unas 25 mil causas penales. Las polémicas modificaciones, que eliminó varias de las causales de interrupción de las prescripción y que fue votada en un rápido trámite parlamentario, se aplica a causas en las que se investigan homicidios, robos, violaciones, secuestros y corrupción. El alcance de la ley enfrentó a penalista y levantó la voz del ingeniero Juan Carlos Blumberg que se opuso a que se mandara a archivo miles de causas con delitos graves. Ayer el gobierno salió a salvar esa situación con un proyecto de ley que fue presentado en sociedad por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández y ministro de Justicia Horacio Rosatti. La nueva iniciativa, incorpora tres situaciones por el cual un proceso judicial deberá seguir abierto sin que prescriba el delito debido al paso del tiempo sin una resolución. Incluye como causales la declaración de rebeldía, la orden de captura y la solicitud de extradición. Y, la primera audiencia de conciliación y fijación de la fecha para el debate oral en el caso de delitos de acción privada. Las dos primeras están vinculadas a la hipótesis de que el propio acusado, a través de su actitud, burla o imposibilita ser sometido a la Justicia. En estos casos, el imputado se coloca en situación de rebeldía, lo cual determina que sea requerido compulsivamente, ya sea librando su captura o reclamando su extradición en el caso de que se encontrase fuera de los límites jurisdiccionales correspondientes, evitando de este modo que el transcurso del tiempo pueda operar a su favor. •Omisión De esta forma, el proyecto de ley busca modificar el cuarto párrafo del artículo 67 del Código Penal, que con la Ley 25.590 había corregido las causales de interrupción de la prescripción de la acción penal. Sin embargo, el texto reformista omitió incorporar otros supuestos que exhiben la condición de expresar la vocación persecutoria del Estado. Ayer Rosatti explicó que a partir de la corrección de la reforma «si un delito tiene una condena de cinco años, el plazo de prescripción es de cinco años. Cuando se interrumpe, por ejemplo a los tres años, se empiezan a contar los cinco años de nuevo». Para el ministro de Justicia estas eran las situaciones que debían estar claramente establecidas en la ley porque si no cada juez lo interpretaba a su manera y cada proceso podía durar 15 o 20 años. «Nosotros reivindicamos el espíritu de la Ley 25.590, en la convicción de que la peor hipótesis de impunidad es aquella en la cual los procesos se dilatan \'sin die\', el culpable no es hallado culpable y el inocente tampoco tiene una definición en torno a su inocencia», señaló Rosatti acompañado por el jefe de Gabinete. «La regulación de la expresión secuela de juicio en el sentido de establecer cuáles son las causales nos ha parecido siempre una virtud de la ley, que reivindicamos», remató el ministro. En diciembre pasado, el Parlamento introdujo una enmienda al artículo 67 del Código Penal por la cual se redujeron las causales para «detener el reloj» del período tenido en cuenta para la prescripción de un delito. La reforma, promulgada el 10 de enero por el Ejecutivo, estableció como únicas causalespara la interrupción de la prescripción el primer llamado a indagatoria, la comisión de un nuevo delito, el requerimiento de elevación a juicio, la citación a juicio y una sentencia condenatoria. Antes de la enmienda, la prescripción también se interrumpía con un procesamiento, una declaración de rebeldía, el requerimiento de instrucción, la ampliación de la indagatoria y la prisión preventiva, según la interpretación de distintos jueces. La reforma de diciembre pasado buscaba obligar a los jueces a tramitar más rápidamente las causas para que no prescribieran y asegurar el derecho de todo imputado a que el juicio se realice en un plazo razonable. Pero la enmienda así dispuesta terminó abriendo las puertas para la prescripción de resonadas causas.

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