La Argentina integra formalmente desde ayer el «grupo de presión» en favor de la aprobación de la Convención contra las Desapariciones Forzadas en la primera sesión del nuevo Consejo de Derechos Humanos (CDH), organismo que funcionará en el ámbito de las Naciones Unidas y que tendrá como sede la ciudad de Ginebra, en Suiza. La incorporación fue formalizada ayer en esta ciudad, por el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana, que destacó, al presentar oficialmente el inicio de las acciones del grupo, que el fin primario del CDH es «declarar como crimen de lesa humanidad» la desaparición forzada de personas y establece «la jurisdicción universal para los responsables». Junto con la Argentina, integrarán este Consejo Bélgica, Chile, España y México, además de Francia, el país que impulsó su creación.
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Desde el CDH, los responsables de este tipo de crímenes, podrán ser detenidos y procesados en terceros países y no sólo en el de origen o donde se cometió el crimen. Además, se definen «reglas muy difíciles de burlar» para evitar la prescripción del delito, agregó el ministro argentino, quien hoy intervino en la sesión inaugural del CDH.
«Se trata de una convención buena y eficaz», dijo Taiana, al tiempo que afirmó que «es el momento de que esta iniciativa, que empezó como un reclamo de las organizaciones de derechos humanos y los familiares de los desaparecidos, se convierta en una realidad».
Por su parte, la ministra de la Presidencia de Chile, Paulina Veloso, afirmó que este asunto tiene «enorme importancia» para su país, que sufrió la tragedia de las desapariciones durante la dictadura militar. «Ver nacer esta convención sería un gran éxito», declaró en una conferencia de prensa al margen de la celebración de la primera reunión del CDH, a la que asisten ministros de unos cincuenta países.
La vicecanciller para Asuntos Multilaterales de México, María del Refugio González, destacó que el nuevo instrumento jurídico que se propone «llena lagunas jurídicas» y tiene una mayor precisión « técnica y jurídica», lo que permitirá «combatir eficazmente el atroz delito» de las desapariciones forzadas. Por su parte, la embajadora de España para Cuestiones Referentes a los Derechos Humanos, Silvia Escobar, dijo que su país le otorga gran importancia a ese texto y por ello participó en el grupo especial que se encargó de su elaboración.
En el encuentro de ayer en Ginebra, el canciller francés, Philippe Douste-Blazy, reclamó la aprobación de esa convención durante la primera sesión del nuevo Consejo de Derechos Humanos, que empezó a funcionar ayer en Ginebra.
«La comunidad internacional se lo debe a la memoria de las personas desaparecidas, torturadas o ejecutadas ante la indiferencia general», declaró el ministro durante una conferencia de prensa, en la que estimó que unas 40.000 personas siguen desaparecidas en el mundo, la mayor parte de ellas, en América latina.
El documento que hará las veces de carta orgánica de CDH obliga a los países signatarios a prevenir y sancionar penalmente «el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad perpetrada por agentes estatales» o grupos vinculados al Estado.
Los signatarios se comprometen también a buscar a los desaparecidos y otorgar reparaciones a las víctimas.
«Esta convención reviste una enorme importancia para Chile», declaró la ministra Veloso, quien recordó que las desapariciones forzadas han dejado más de mil víctimas en su país.
Oposición
Según los dichos de Taiana, la convención debe evitar que los Estados queden fuera del control del resto del mundo, al hablar sobre el caso del gobierno militar argentino que ocupó el poder entre 1976 y 1983. Algunos países, como Rusia, que enfrenta la insurgencia en Chechenia, se oponen a esa convención porque estiman que debería también mencionar los secuestros no perpetrados por el Estado. Pero Douste-Blazy instó a que el texto sea aprobado por los 47 Estados miembros del flamante Consejo de Derechos Humanos, que tratará el tema el 27 de junio. Interrogado sobre la aplicación del texto en relación con las prisiones secretas estadounidenses, Douste-Blazy reconoció que la convención tiene «cierta actualidad en el contexto de la lucha contra el terrorismo».
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