Piqueteros, cocaleros y sin tierra: democracia en riesgo

Tienen orígenes diferentes, pero objetivos políticos comunes. Sus enfoques ideológicos son variados, pero los une el rechazo a Estados Unidos, al ALCA y lo que definen como neoliberalismo. Su método de reivindicación es la acción directa, muchas veces violenta, avasallando la ley en pos de sus intereses. Asustan con una retórica incendiaria, a veces casi insurreccional, y restan importancia a la democracia y las instituciones republicanas. Son los piqueteros argentinos, los «sin tierra» de Brasil y los cocaleros de Bolivia. ¿Cuánto hay que temer a estos «nuevos movimientos sociales»? Si se toman en cuenta los antecedentes más recientes, hay motivos para la inquietud.

Un levantamiento motorizado por los campesinos cocaleros, que derivó en cortes de rutas y acciones violentas, derribó en octubre al presidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada. Sus líderes fueron Evo Morales, hombre de discurso radical y líder y diputado del Movimiento al Socialismo; y Felipe Quispe, diputado por el Movimiento Indio Pachakuti, un aymara marxista-leninista que estuvo cinco años preso por terrorismo y se declara partidario de la «lucha armada», según recuerda Isaac Gigio, de la prestigiosa London School of Economics, accedió al Parlamento para «minar la República desde adentro».

Según un reciente artículo de Sánchez de Lozada publicado por «The Washington Post», en lugar de dialogar para que se atendieran sus reclamos, Morales y Quispe «controlan un tercio del Parlamento. Alientan piquetes, barricadas y manifestaciones con violencia». Cuando el nuevo presidente Carlos Mesa asistió, al día siguiente de su asunción, a una asamblea de los simpatizantes de Quispe, éste decidió darle una tregua, pero dejó implícita la amenaza de un nuevo golpe de Estado.

Los «sin tierra» son considerados por la inteligencia brasileña como la mayor amenaza a la estabilidad del gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva y periódicamente la prensa local da cuenta del temor de que su ala más extremista apele a la lucha armada.

Surgido en 1984 por iniciativa de las comisiones eclesiásticas de base, tomó la bandera de una masiva reforma agraria en Brasil. Ligado al hoy gobernante Partido de los Trabajadores (PT), el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) se agrupó en torno al economista marxista-leninista Joao Pedro Stédile y tomó como sus enemigos a los hacendados, varios de cuyas «propiedades ociosas» -en su discurso- ocupa para forzar gobiernos a expropiarlas.

Fernando Henrique Cardoso llevó adelante entre 1995 y 2002 una gigantesca reforma agraria, asentando a 2 millones de familias en más de 18 millones de hectáreas, una superficie equivalente a la de Uruguay. Pero eso no satisfizo al MST, y las presiones crecieron en el nuevo gobierno de Lula.

El historial reciente de los piqueteros es más conocido. Hace pocos días, algunos grupos pasaron de las palabras a los hechos, provocando graves daños a las oficinas de una empresa petrolera en General Mosconi, Salta, y, más tarde, enfrentando en Neuquén a la Policía y saqueando comercios en protesta por la intención del gobierno provincial de comenzar a liquidar con una tarjeta magnética los planes de ayuda social. El martes pasado colmaron con sus cortes de ruta la paciencia de los productores agrícolas de Santa Fe, que volcaron sus productos frente a la Casa de Gobierno provincial.

Egidio Brunetto, secretario de Relaciones Internacionales del MST, dijo a Ambito Financiero en una comunicación telefónica que «estos nuevos movimientos presentan una fuerte resistencia al modelo neoliberal. Se trata de una lucha política, no electoral, contra el neoliberalismo, el ALCA y las políticas del imperio».

• Puntos comunes

Evo Morales, quien, según analistas de Bolivia, es un firme candidato con vistas a futuros comicios presidenciales en ese país, explicó también en comunicación con este diario desde La Paz qué tienen en común estos grupos agresivos y poco entusiasmados con la democracia. «A los cocaleros, los piqueteros, los sin tierra y otras fuerzas sociales nos une la injusticia creada por el neoliberalismo. Somos víctimas de él y ese sistema, real causante de los problemas. No nosotros.»

Según Vicente Palermo, un argentino que vive en Brasil y es un reconocido especialista en estos temas sociopolíticos, «se trata de movimientos sociales que alteran la agenda pública y politizan ciertos temas. Si no fuera por su acción violenta, los medios y las respuestas públicas los colocarían en un plano menor».

Sin embargo, la unidad de enfoques parece difícil de convertir los en una unidad mancomunada de acción. Según Palermo, aunque se han encontrado en diversos foros, «francamente dudo y creo imposible que puedan llevar adelante acciones comunes, porque tienen reivindicaciones muy diferentes».

La heterogeneidad de los tres movimientos, tanto en lo ideológico como en lo organizativo, es un rasgo en común para el especialista, quien dice hablar, sobre todo, de los «sin tierra» y los piqueteros, «los casos que mejor conozco». Son grupos muy heterogéneos que forman parte de una dinámica clientelística».

Más allá de sus divisiones internas, los tres grupos apelan a la acción directa y, en muchos casos, a un lenguaje incendiario, que ubica a la democracia como una instancia meramente formal, sin contenidos o valores que deban ser preservados.

Los cocaleros bolivianos derribaron a un gobierno constitucional cortando caminos y paralizando la actividad productiva, algo que alarma a Néstor Kirchner, cuyo izquierdismo es más light y combinado con foros con ONG no gubernamentales, inclusive norteamericanas que convoca el multifacético Horacio Verbitsky. Además, en los días más calientes de la crisis de octubre, los líderes cocaleros admitieron en todo momento que su objetivo era la caída de Sánchez de Lozada (votado por una mayoría relativa un año antes y consagrado recién en segunda vuelta).

Los «sin tierra» ocupan haciendas y -para alarma también de Lula-, en julio, su líder, Stédile, calificó a los hacendados de «enemigos», llamó a sus militantes «nuestro ejército» y proclamó una «guerra entre 23 millones de campesinos sin tierra frente 27.000 terratenientes». Al inicio del gobierno de Lula, el 1 de enero, el MST exigió que durante su mandato asiente a 1 millón de familias más, pese a la restricción presupuestaria de 2003. Para presionar, incrementó fuertemente su política de ocupaciones, llevando a cabo 202 entre enero y setiembre, contra 103 de todo 2002. En esos procedimientos, murieron más de 60 personas, contra 43 del año pasado.

Los piqueteros, a su vez, cortan calles y rutas, ocupan fábricas y protagonizan disturbios. Dentro de sus últimos desafíos verbales, hay que recordar la amenaza de Castells de «tomar la Casa de Gobierno», frente a lo que el kirchnerista D'Elía salió a prometer una defensa del gobierno «a los tiros».

• Desobediencia

Palermo, investigador del Instituto Torcuato Di Tella y del Conicet, sin embargo, no se alarma. Aunque apelan a la acción directa, «hasta hoy no hay motivos para decir que son violentos, aunque a veces tengan una retórica ambigua. Creo que la violencia está fuera de sus agendas. Los encuadraría más en el casillero de la desobediencia civil, llevando a cabo lo que podríamos denominar 'violaciones pacíficas de la ley'. En cualquier caso, hay un juego de responsabilidad de quién comete esas violaciones, que debe hacerse cargo de las consecuencias de su conducta».

El juez Baltasar Garzón en España rocordemos que impuso gruesas multas y eventuales embargos contra bienes del partido afín Batasuna por los atentados con bombas y coches bomba del grupo terrorista ETA.

Evo Morales, por su parte, justifica las acciones al margen de la ley diciendo que «este tipo de lucha se da cuando los gobiernos no atienden las demandas. Por ejemplo, en los últimos días, en Bolivia los empresarios también cortaron caminos porque el gobierno no revisa el código tributario».

Brunetto, del MST, dentro del más puro marxismo, diferencia «legalidad» y «legitimidad» y afirma que la acción directa no lesiona la democracia: «Puede ser que las luchas sociales no sean legales, pero eso se da porque la ley defiende la propiedad privada y al capital. Sin embargo, desde otro punto de vista, son legales y justas porque defienden derechos como el de trabajar, alimentarse, vivir, tener dónde morar. En todo caso, el desafío pasaría por crear nuevos marcos jurídicos que involucren esos valores». Obviamente, esto sería una teoría. ¿Cómo se pueden crear fuentes de trabajo compulsivamente? Eso terminaría en empleo público o subsidios del Estado, además de productos ineficientes para cobrar el subsidio y no ganadores del mercado. Esto es déficit estatal seguro, más emisión monetaria, la consiguiente inflación y peor situación de toda la población.