La presentación que Adolfo Rodríguez Saá planea realizar ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), para denunciar la proscripción del peronismo, generó previsibles quejas de dirigentes del PJ oficial contra el sanluiseño.
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Estaba cantado que los pro Kirchner reaccionarían. Y así ocurrió: ayer, el apoderado del PJ bonaerense, Jorge Landau, que intervino más de una vez en las disputas leguleyas del peronismo cuando se enfrentaban Eduardo Duhalde y Carlos Menem, cuestionó la presentación de Rodríguez Saá.
«Es una sobreactuación porque no están, todavía, agotadas las instancias de la Justicia local y además queda tiempo para resolver la situación partidaria», dijo Landau que, sin embargo, se mostró en sintonía respecto a la necesidad de normalizar el partido intervenido por la Justicia. El diputado, armador de algunos artificios en el peronismo -como el que permitió a Kirchner ser candidato e impedir que Menem lleve el sello PJ en 2003-, sostuvo además que hay margen para avanzar con ese proceso porque recién habrá que presentar candidatos para la elección de octubre, 50 días antes de la votación.
Es decir: según el criterio de Landau, hasta entonces el PJ nacional podría seguir intervenido (está en manos de Ramón Ruiz, designado por la jueza María Servini de Cubría) hasta más allá de mitad de año: el 5 de setiembre, cierra el plazo para anotar candidatos.
Por otro lado, el apoderado interpretó además que está en funciones la Junta Electoral partidaria -la preside el chaqueño Rafael González, el vice es Díaz Bancalari y el secretario es Juan Carlos Mazzón- con lo que podría, eventualmente, resolver cuestiones de candidaturas.
De este modo, el peronismo pro Kirchner salió a refutar la intentona de Rodríguez Saá quien pretende denunciar discriminación por la intervención, a simple vista más extendida de lo normal, que pesa sobre el partido justicialista a nivel nacional.
El debate se filtra en un momento sensible en que el peronismo observa cómo se remueven los años 70 y se intenta enjuiciar a María Estela Martínez de Perón, y a algunos funcionarios de entonces -como Carlos Ruckauf y Antonio Cafiero- sobre el rol de aquel gobierno ante la subversión.
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