Las medidas para reforzar la seguridad son tantas que oírlas es pensar en algo teórico en cuanto a cumplimiento posible.
En su mayoría, son irrefutables, producto de una buena recopilación de años de expuestas.
La mejor lanzada es el juicio por jurados electos entre gente común y aprobados por fiscal acusador y abogado defensor.
Eso está desde la Constitución de 1853, pero nunca se aplicó.
Es dificilísimo de implementar porque faltan desde educación jurídica hasta edificios adecuados.
Por eso es costoso inicialmente.
Las partes llegan al juicio en caso de posiciones extremas de culpabilidad o por pruebas dudosas.
En cambio, lo común son abogados que acuerdan con el juez las penas admitiendo culpabilidades, muchas veces, y esto reduce enormemente el tiempo de juzgamiento y el papeleo judicial.
Los jueces argentinos no lo quieren porque les reduce gravitación, aunque aumenta la equidad.
También, porque reduce negocios.
Igualmente se oponen muchos abogados medios mejor cobijados en el juicio con papeles y mínima exposición oral.
Pero ahora los jueces apoyarían porque en la reforma se propone algo más grave para ellos: eliminar los jueces federales (hoy sólo para narcotráfico, cuando están involucrados funcionarios del Estado nacional y la Justicia Electoral).
Además de la enorme cantidad de medidas anunciadas (que insumirán decretos, leyes del Congreso, consentimientos legales de las provincias, etcétera), se crean fuerzas policiales nuevas, como una especie de FBI nacional.
A primera vista, el paquete de la reforma hacia una mayor seguridad tiene dos objeciones que son serias por presentar un tufillo totalitario de tipo marxista o fascista
Una es que lo expresado ayer busca hacer hincapié en organizaciones civiles «voluntarias» que, es sabido, siempre terminan copadas por ideologizados de izquierda, espantando a los ciudadanos moderados que se acercan.
De hecho, el trotskista Néstor Pitrola, pese al pedido de Juan Carlos Blumberg, quiere ir con su milicia piquetera paga al acto frente al Palacio de Justicia del jueves.
Sueñan con absorber el poder de convocatoria del padre del joven Axel o, si no pudieran, ahuyentarle gente moderada por el riesgo de que haya disturbios.
La izquierda no quiere las concentraciones masivas que logra Blumberg y que nunca se dan para sus actos ideologizados.
La reforma favorece eso, como lo van a favorecer los «foros» de voluntarios que quiere montar León Arslanian en la provincia de Buenos Aires.
Sería el sueño de la izquierda controlando comisarías y las fuerzas del orden.
El cuerpo de la capital voluntario (sin cobro) sería electo, pero chocaría con las legislaturas.
¿Para qué están éstas si no es para controlar desde que son electas y los «voluntarios» no?
La segunda objeción es que proponen mandar los legajos policiales para ascensos a ONG no gubernamentales, tipo el CELS de Horacio Verbitsky, para que las aprueben.
Fácil es pensar la temible ideologización que se quiere introducir en las fuerzas de seguridad.
En el país hay todo un movimiento para dominar por grupos a las fuerzas sociales aprovechando sus angustias, como la inseguridad, porque se descuenta que por urnas la izquierda nunca puede llegar al gobierno, como sucedió ahora por la lucha Duhalde-Menem.
El trabajo en las cárceles, propuesta de Blumberg anunciada también ayer, debe ser para obras comunitarias (pan para escuelas, hospitales, obras municipales).
Si se quiere llevar fábricas con ayuda de la actividad privada, estaríamos en las cárceles nazis con mano de obra barata.
Si la suavidad con que se expusieron ayer desde el gobierno tantas medidas es justa y bien intencionada, se deberán reestudiar varias propuestas con riesgo autoritario o ideologizado, sobre todo la posibilidad de crear «soviets» civiles aprovechando el temor de la gente.
Lo contrario sería una suavidad estudiada para aprovecharse de crisis del ciudadano común e ideologizar a la sociedad.
Fuera de esas dudas, hay medidas simples aunque costosas que muchas veces se intentaron, aunque no había fondos y este gobierno tampoco tiene asegurados, en la medida en que acuerde para pagar a los acreedores defaulteados.
Se trata de declaraciones de presos por videoconferencia desde las cárceles, construir 8 o 9 cárceles, un fondo fiduciario de seguridad inicial de 1.000 millones de pesos, adquirir 3.500 pistolas, 20.000 nuevos uniformes policiales, policía científica, simuladores de tiro, 540 equipos para huellas dactilares cotejables al instante en todo el país, 450 puntos de comunicación por seguridad y muchas más muy lógicas.
Hasta bajar la imputabilidad a 14 años.
A este gobierno se le desconfía que calcule bien en gastos o que suponga que podrá seguir sin pagarles a tenedores de bonos, con lo cual a cualquiera le sobra presupuesto Pero se duda porque, además, hay una crisis energética.
También se duda de las intenciones ideológicas si los 3 voceros principales del presidente Néstor Kirchner son Hebe de Bonafini, Horacio Verbitsky y Miguel Bonasso.
Ojalá el gobierno ayer haya sido sincero, porque la sociedad está aterrada con la inseguridad.
Se le conceden muchos puntos a Juan Carlos Blumberg, pero, por lo dicho, arriesgando mecanismos totalitarios no previstos por la Constitución nacional.
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