El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, recibió ayer a los dirigentes sindicales y sociales impulsores del denominado Plan de Desarrollo Humano Integral que apunta a la creación de 170 mil puestos de trabajo formales y de 4 millones de empleos en la economía popular con un presupuesto inicial de 750 mil millones de pesos. El proyecto, expuesto días atrás por separado a Alberto Fernández y a Cristina de Kirchner, y anunciado la semana pasada por Gerardo Martínez (CGT-Uocra), Pablo Moyano (Camioneros) y Juan Grabois (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CTEP), contó con el visto bueno de Massa, quien incluso prometió reforzar su análisis con técnicos propios.
A la presentación de ayer acudieron Martínez, Grabois, el ferroviario Sergio Sasia y otros dirigentes que le precisaron al fundador del Frente Renovador aspectos del programa, presentado como anteproyecto de ley, basado en un esquema de inversión pública orientada a la construcción e integración mediante viviendas sociales. Consta, además, de un plan de transporte multimodal y del impulso de asentamientos productivos nuevos en varias regiones del país.
La iniciativa parte de una alianza infrecuente en la Argentina entre el sindicalismo más tradicional y los movimientos sociales que generaron mayor institucionalidad durante el gobierno de Mauricio Macri. Aunque Martínez es un gremialista de referencia de la CGT el plan no es considerado propio en la central sindical. Y si bien escucharon sus pormenores tanto el Presidente como la vice, en el Ejecutivo aclararon que de momento se trata de una propuesta bajo análisis. Un eje de la iniciativa establece que la inversión pública en vivienda e integración urbana articulará un 70% de trabajo por parte del sector privado y el 30 por ciento restante a cargo de la economía popular. Su puesta en práctica implicaría, cuentan sus autores, una redefinición íntegra de los planes sociales para volcarlos en su casi totalidad al mecanismo planteado. En la Uocra cuentan que la elaboración del plan partió en buena medida de la admisión de que el sindicalismo tradicional no agota las nuevas formas de organización de la economía popular. También, que la dinámica de la pandemia dejará una economía más vulnerable y cruzada por relaciones laborales más precarias que las preexistentes. El desarrollo del plan se proyecta a cuatro años y prevé una conducción operativa centralizada y unificada, además de la modularidad del trabajo por área.
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