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Los diputados esperaron ayer una definición del gobierno que había prometido enviar un proyecto o firmar un decreto que establece un esquema de conciliación obligatoria previa a cualquier ejecución judicial, lo que gracias al trámite legal necesario hubiera significado una prórroga de hecho.
Además, en la misma sesión, los radicales pedirán votar el rechazo al veto total del Ejecutivo al proyecto de ley que habilitaba el pago con bonos de deudas con el sector financiero, pero el pedido todavía tiene que ser acordado con el peronismo.
Los radicales justificaron este nuevo cambio de reglas en que «en el mismo momento que finalice el período de suspensión 50.000 órdenes de remates, y hay otros 100.000 juicios que se están en la etapa procesal». El peronista Solanas, por su parte, aseguró que «amerita la necesidad de una nueva prórroga a la suspensión de las ejecuciones, la ausencia de un cambio palpable en materia de reactivación económica y, además, la ausencia de un cambio en el lugar que hoy ocupa en esta coyuntura la figura del deudor».
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