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Se coincidió en que una Justicia eficiente no es factible si no va acompañada de buenos investigadores y de una policía eficaz. La mayor duda estaba puesta sobre la partida presupuestaria que el gobierno destinará para producir estas modificaciones en el ámbito judicial. La integración de la Justicia Nacional y la Justicia Federal Penal de la Capital Federal y la unificación de las tres cámaras de apelaciones en una Cámara Criminal y Correccional fueron consideradas viables, aunque se resaltó que en las provincias debían mantener el esquema que divide la Justicia Federal de la ordinaria.
Una de las cuestiones que se veía de difícil concreción, por los menos en lo inmediato, era la constitución de los juicios por jurados. Algunos fiscales puntualizaban que su esbozo choca con una realidad que indica que el ciudadano rehuye siquiera a prestarse como testigo. Fundamentalmente por inconvenientes que sufre y por el riesgo a terminar procesado.
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