Procuradora ordenó investigar delitos sexuales durante la dictadura
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A partir de la apertura de las causas por crímenes de lesa humanidad tras la anulación de las leyes de impunidad en 2007, el fiscal federal Federico Delgado solicitó al juez Daniel Rafecas que investigue a los represores Julio Simón, Samuel Miara y Juan Carlos Falcon, por abusos sexuales que sufrieron detenidos en centros clandestinos.
Esta fue la primera vez desde la revisión penal del terrorismo de Estado, que se pidió que los abusos sexuales y violaciones que sufrieron algunas personas secuestradas sean investigados por la Justicia Federal.
Recién en abril de 2010, el Tribunal Federal de Santa Fe, que condenó a 11 años de prisión a Horacio Américo Barcos, un agente civil de Inteligencia de esa provincia, emitió el primer fallo en el país que estableció la violación como delito de lesa humanidad y tan imprescriptible como la tortura, en una causa donde la querellante, Amalia Ricotti, convivió con el secreto de la violencia sexual durante 32 años.
Este fallo fue seguido por otro similar en Mar del Plata, donde la Justicia condenó a prisión perpetua a Gregorio Molina, por homicidio agravado, violaciones reiteradas agravadas, privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados en el centro clandestino La Cueva de Mar del Plata.
"Los abusos sexuales en La Cueva no constituían hechos aislados, sino que conformaban una práctica habitual que se exteriorizaba a través de diversas conductas que lesionaban el marco de protección a la integridad sexual previsto por el ordenamiento legal", argumentaron los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, y Juan Carlos Gemignani.
Otro caso emblemático se produjo en junio de 2011, en el marco del juicio oral por violaciones a los derechos humanos cometidos en la ex ESMA, donde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió en su alegato que se inicie una investigación autónoma por los delitos de violencia de género cometidos en ese centro clandestino de detención.
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