Casi como un resabio de las guerras entre provincias de mediados del siglo XIX por la eliminación de las aduanas internas, tres gobernadores presionarán mañana a Felipe Solá para que los intendentes bonaerenses dejen de cobrar tasas especiales a los productos agropecuarios que se venden en sus municipios. Esos tributos -más conocidos como «tasa de abasto»-, escondidos detrás de nombres como «derecho de inspección, seguridad o higiene», terminan operando como un arancel aduanero que distorsiona el comercio interno. Si se hablara de comercio exterior, se estaría con seguridad frente a denuncias ante la OMC. Esas barreras paraarancelarias entre provincias están prohibidas por la Constitución nacional desde que la Argentina se constituyó como país. Pero, al amparo del poder que les dieron a intendentes desde el propio gobierno nacional para condicionar a sus gobernadores, se comenzaron a cobrar estos impuestos considerados inconstitucionales. Es, además, otro de los efectos de no haber votado a tiempo una nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos y mantener una estructura fiscal en la que no se conoce realmente adónde van los fondos.
La discusión estará presente hoy en la reunión de la Comisión de Coparticipación del Senado, convocada a las 10. Con la excusa de analizar la Ley de Responsabilidad Fiscal, sancionada el año pasado, el funcionamiento del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal y el Programa de Financiamiento Ordenado para las provincias, los senadores quieren tener precisiones sobre la demorada reglamentación de esa ley que el Ministerio de Economía ya tiene lista y, se deslizó, será anunciada en menos de una semana.
Hasta ahora, en lo funcional, esa norma no ha jugado como sustituta ideal de la Coparticipación, más allá de garantizar la aplicación del Programa de Financiamiento Ordenado para las provincias. Pero cuáles son sus límites y cómo funcionará realmente el voto ponderado de cada uno de los integrantes del Consejo Federal siguen siendo una incógnita.
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