La oposición busca activar por primera vez desde la reforma constitucional de 1994 el mecanismo para remover a un jefe de Gabinete. Aunque el camino legislativo es complejo y exige mayorías en ambas cámaras, la iniciativa suma presión sobre el funcionario en medio de la controversia por sus declaraciones juradas y el blanqueo de más de u$s500 mil.
El Congreso tiene la facultad de aplicar moción de censura contra Manuel Adorni.
La crisis política que atraviesa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en los últimos días un nuevo capítulo con la decisión de distintos sectores de la oposición de avanzar con una moción de censura, una herramienta excepcional prevista por la Constitución Nacional que nunca fue aplicada desde su incorporación en la reforma de 1994.
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El mecanismo comenzó a ganar centralidad después de que Adorni rectificara sus declaraciones juradas para incorporar más de u$s500 mil vinculados a operaciones con criptomonedas y se anotara junto a su esposa en el régimen de Inocencia Fiscal. La situación derivó en cuestionamientos de bloques opositores que sostienen que el funcionario brindó información contradictoria ante el Congreso y la opinión pública.
La moción de censura está contemplada en el artículo 101 de la Constitución y constituye una herramienta de control político sobre el jefe de Gabinete. A diferencia de un juicio político o de una causa judicial, no requiere probar la comisión de un delito. Basta con que el Congreso considere que el funcionario perdió la confianza política necesaria para continuar en el cargo.
Sin embargo, el procedimiento no es automático. El primer paso es la interpelación del funcionario, instancia en la que debe concurrir al Congreso para responder preguntas de los legisladores. Una vez cumplida esa etapa, ambas cámaras quedan habilitadas para debatir y votar la moción de censura propiamente dicha.
Para prosperar, la remoción debe ser aprobada por mayoría absoluta de la totalidad de los miembros tanto de Diputados como del Senado, un requisito que obliga a la oposición a reunir acuerdos mucho más amplios que los habituales para una votación legislativa.
En Diputados ya fueron presentados distintos pedidos de interpelación impulsados por Unión por la Patria, el socialismo y otros bloques opositores. En paralelo, el peronismo también promueve una ofensiva en el Senado para intentar acelerar el tratamiento del caso.
Más allá de las dificultades numéricas, la sola activación del mecanismo representa un problema para el Gobierno. La moción de censura coloca a Adorni en el centro de la agenda y obliga al oficialismo a defender públicamente su continuidad en momentos en que el funcionario enfrenta cuestionamientos por la evolución de su patrimonio.
En Casa Rosada sostienen que el jefe de Gabinete se presentará ante el Congreso para brindar su informe de gestión y rechazan la posibilidad de una remoción. El presidente Javier Milei ratificó en reiteradas oportunidades su respaldo a uno de los funcionarios más cercanos al núcleo de poder que integran también Karina Milei y la mesa política del oficialismo.
Aun así, la discusión ya excede la cuestión judicial. La oposición apunta a instalar que el caso involucra una responsabilidad política derivada de las inconsistencias detectadas entre las declaraciones previas de Adorni y la información incorporada posteriormente a sus presentaciones patrimoniales.
Por eso, aunque hoy la posibilidad de reunir las mayorías necesarias aparece lejana, la moción de censura se transformó en la herramienta institucional más seria que enfrenta el jefe de Gabinete. Su eventual avance no sólo pondría a prueba la capacidad de articulación de la oposición, sino también la solidez de los respaldos que todavía conserva Adorni dentro y fuera del Congreso.