Eduardo Duhalde se reunió ayer en la residencia de Olivos con las cabezas de los bloques radicales de Diputados y Senado. El encuentro estaba planeado para discutir la agenda legislativa y finalmente se terminaron discutiendo todos los temas pendientes. El Presidente les ratificó a los radicales que, a más tardar, el lunes ingresará en el Congreso el proyecto que modifica la Ley de Quiebras. Existen discusiones, todavía, sobre el futuro del «cram down». Hasta ahora el gobierno sostiene su reimplantación a partir de marzo próximo como último plazo. Habrá una reducción a 120 días -hasta ahora era de 180 días-del plazo de suspensión de ejecuciones y del período de exclusión para que los deudores presenten un plan de reestructuración de sus deudas. El FMI pretende que estos plazos directamente se eliminen. También existirá la posibilidad de que el deudor iguale la propuesta de acuerdo de los acreedores.
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Los diputados y senadores radicales se reunieron primero con Eduardo Duhalde y todo su gabinete, con la excepción de Jorge Remes Lenicov, que fue representado por Oscar Lamberto. Después todo terminó con un almuerzo, ya con mesas separadas más íntimas, donde terminaron de discutirse los puntos de la agenda.
El Presidente les explicó la preocupación del gobierno por el alza de los precios: «El tema central en la reunión de gabinete de hoy fue el alza de los precios. No puedo adelantarles nada, pero vamos a tomar una decisión en poco tiempo», les dijo Duhalde.
El precio del gasoil también estuvo en el medio. Duhalde apareció preocupado por el tema y por la falta de ese combustible, producto de la diferencia de precios con el exterior que incentiva la exportación y les aseguró a los presentes que el precio del gasoil no podía estar, de todas formas, por encima del valor de los países del Mercosur, sino preferentemente, levemente inferior.
•IVA a agro
También acordó el Presidente con el radicalismo suspender la votación en el Senado del proyecto que disminuye a 10,5 por ciento el IVA que grava al agro: «Hoy, con el aumento de las retenciones, ese IVA significa una carga para el sector que no va a poder descargar crédito fiscal», dijeron los radicales en línea con los pedidos de las organizaciones agropecuarias y en contra de la opinión del Ministerio de Economía.
Ubicados frente a frente, los radicales comenzaron a plantear cada uno de los puntos que llevaron preparados:
• Le plantearon los problemas que puede ocasionar a futuro la aplicación del CER. «Presidente, usted tiene que tomar una resolución antes de agosto», le dijeron. «Estamos muy preocupados por los efectos indexatorios que puede tener. Ya creamos una comisión para estudiar el tema. Vamos a analizar cambios», les prometió Duhalde.
• Los radicales le comunicaron también a Duhalde que no avanzarán en la ratificación por ley del Decreto 214 -de pesificación-como pretenden algunos sectores, pero que no impulsarán tampoco su derogación. En cambio, le llevaron un proyecto del radical Raúl Baglini para gravar a las empresas beneficiadas con la pesificación de sus deudas, pero que difiere sustancialmente del presentado por el peronista bonaerense Carlos Brown, que pretende crear un fondo pro PyME con el producto de ese tributo.
• Los vetos al Presupuesto 2002 también estuvieron en las conversaciones. Los diputados y senadores radicales le confirmaron que rechazarán algunos, como el que eliminó la ampliación a $ 800 de las jubilaciones que se cobran sin el recorte de 13 por ciento, tema en el que Lamberto defendió la postura del Ejecutivo. Duhalde les reconoció que el gobierno está negociando los casos del Fondo Especial del Tabaco y las partidas destinadas a Salto Grande, y el fondo para promoción del algodón. Graciela Giannettasio, presente en el encuentro, explicó que el veto al pago de deuda por el Fondo de Incentivo Docente en realidad tuvo una carácter técnico y que la Jefatura de Gabinete está analizando una reasignación de partidas para cancelar esas deudas.
• También hubo acuerdo en cuanto a los cambios en la figura de «subversión económica», tema pedido por el FMI, pero que no cuenta todavía con un proyecto final del Ejecutivo. Jorge Vanossi explicó que no sería conveniente avanzar con una derogación completa de esa figura, ya que otorgaría impunidad a los procesados ante la Justicia por esos delitos. Pero ratificó que se eliminará la ley.
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