Reaccionó la Argentina a pedido de bloqueo

La Unidad de Información Financiera (UIF) local volvió al centro de la escena tras la decisión del gobierno estadounidense de bloquear la actividad financiera de los grupos terroristas a nivel internacional. Todavía no fue creada formalmente y los expertos aseguran que será totalmente inútil para cumplir con su propósito.

Este organismo, cuya función es analizar y transmitir información sobre actividades vinculadas al lavado de dinero a través del sistema financiero, debería haber entrado en funcionamiento hace un año y medio. Pero por ahora sólo cuenta con un equipo interino sin herramientas mínimas para actuar.

Recién hace diez días el Ministerio de Justicia convocó al concurso público de antecedentes para cubrir formalmente cinco puestos para expertos con el fin integrar la UIF. Según la convocatoria, debe tratarse de especialistas en el área financiera, penal y de criminología, siendo obligatorio poseer título universitario.

La UIF deberá contar con un total de 11 miembros. Los otros seis deben surgir de concursos internos de distintas reparticiones, como el Banco Central, la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Comisión Nacional de Valores.

Actualmente, el organismo está funcionando con un grupo de seis miembros cuya función prácticamente única es ponerlo en marcha formalmente. La demora es notable. La Ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo se sancionó el 13 de abril de 2000 y fue promulgada el 5 de mayo, es decir hace casi 18 meses.

• Polémicas

En esta ley se estipulan las características de la UIF, aunque lo dispuesto sigue generando enormes polémicas. Mónica Almada, directora del Banco Ciudad y responsable ante el BCRA por el tema de lavado de dinero, aseguró que «no tiene sentido que funcione en el ámbito del Ministerio de Justicia, cuando en todo el mundo es parte del Ministerio de Economía o del Banco Central».

Esta decisión respondió a una cuestión más bien política. Los legisladores, encabezados por Elisa Carrió, no quisieron que esta unidad quede en poder del entonces presidente del BCRA, Pedro Pou. Por eso se decidió que la autoridad monetaria quede al margen y se tomó la decisión salomónica de acotarla a Justicia.

Actualmente, la UIF funciona con una suerte de directorio «interino». Cada dos o tres semanas, sin demasiada regularidad ni herramientas, se reúnen sus integrantes: Guillermo Lesniewer (BCRA, reemplazó a Martín Lagos), Hugo Secondini (CNV), Jorge de la Rúa (Ministerio de Justicia), Armando Caro Figueroa (AFIP) y Daniel Marx (Economía).

Claro que no cuenta con herramienta alguna para hacer trabajo de «inteligencia» financiera. «Tal como fue redactada la ley, la verdad es que la UIF sólo servirá para coordinar organismos como el Banco Central y la AFIP. Pero no mucho más», se sinceró uno de los integrantes «interinos» de la UIF, en estricto off the re-cord.

• Personal

De acuerdo con las estimaciones de Almada, para un buen funcionamiento la UIF debería contar con -por lo menos-300 personas.

De acuerdo al Capítulo II de la ley, la UIF debe servir para prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de las siguientes actividades ilícitas:

¨ Tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes.

¨ Hechos cometidos por asociaciones ilícitas.

¨ Fraude contra la administración pública.

¨ Prostitución de menores y pornografía infantil.

Almada reconoció que para el buen funcionamiento futuro de la UIF «no alcanza con dotarla de personal técnico, sino también de sofisticadas herramientas tecnológicas, para poder controlar debidamente las operaciones que se realizan en el mercado financiero».

Por ahora, la función está en manos específicas del Banco Central, que lleva un registro de todas las opera-ciones superiores a los $ 10.000. «Nadie nos ha solicitado información específica en los últimos días», aclaran en la institución, a propósito de la decisión del gobierno estadounidense de bloquear las cuentas vinculadas a la agrupación terrorista de Osama bin Laden.

Desde el Central aclararon que las instituciones argentinas tienen la obligación de implementar el principio de «conocer al cliente» a la hora de aceptar una transacción de altos montos. En caso de sospecha, debe comunicarlo automáticamente para una investigación más profunda. Las entidades cuentan con cerca de 30 ejemplos de lo que puede considerarse una maniobra sospechosa.

El congelamiento de cuentas no pasa por el Central, sino que es la Justicia la que debe ordenarlo. En cambio, el BCRA sí puede actuar como denunciante si recibe información sobre actividades sospechosas.