En Diputados ya analizan los votos de cara al tratamiento de la reforma judicial.
La reforma judicial avanza a paso raudo en el Senado, tras la aprobación del dictamen en el plenario de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, y la iniciativa elaborada por el Poder Ejecutivo podría llegar al recinto de la Cámara alta el próximo 27 de agosto.
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El Frente de Todos cuenta con 41 votos para sacar el proyecto adelante de un total de 72 senadores por lo que su aprobación ya se da por descontada, pese al rechazo de la oposición.
Tras cinco ruedas de audiencias con más de 50 expositores -que se pronunciaron tanto a favor como en contra- el oficialismo realizó una serie de modificaciones al proyecto inicial, que según palabras de la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, preservan "el objetivo central del proyecto". En tanto, desde el oficialismo destacaron que Juntos por el Cambio "no hizo aportes" para lograr un proyecto común.
Desde el principal sector de la oposición insisten con el rechazo de plano a la reforma judicial, tanto es así que solicitaron ayer en un comunicado que el Gobierno retire el proyecto del debate bajo el argumento de la crisis sanitaria del Covid-19 y la necesidad de generar consensos. El texto llevó las firmas de las autoridades partidarias y de los jefes de ambas bancadas del Congreso, Luis Naidenoff y Mario Negri.
El Frente de Todos cuenta en la Cámara de Diputados con 119 votos propios y para aprobar la reforma judicial necesita 129, la mitad más uno de la Cámara. Así, que tras el rechazo de Juntos por el Cambio necesitará sumar 12 votos del resto de los bloques opositores, teniendo en cuenta que el titular de la Cámara, Sergio Massa, no vota y que Ignacio de Mendiguren se encuentra de licencia.
Para poder avanzar en el tratamiento, el oficialismo deberá zanjar además el debate por la continuidad de las sesiones virtuales, una piedra en el zapato desde el comienzo de la cuarentena ya que Juntos por el Cambio reclama sesiones presenciales o no debatir temas sin amplio consenso, lo que complica el futuro de la reforma judicial.
Desde uno de los sectores de la oposición, que acompañaron al oficialismo en las votaciones de moratoria ampliada y presupuesto, y que aún no se han pronunciado públicamente sobre si votarán el proyecto, adelantaron a Ámbito que “la reforma judicial es un tema central que se debe debatir con el objetivo de construir consensos amplios y esto no está ocurriendo”. Insistieron en que el “quórum y la forma de la sesión se construyen en base a acuerdos y que por el momento no los hay”.
De los 10 diputados que integran el Interbloque Federal, que conduce Eduardo “Bali” Buca, los tres que responden al lavagnismo, Graciela Camaño, Jorge Sarghini y Alejandro “Topo” Rodríguez ya adelantaron que no acompañarán la reforma judicial. La calificaron de “inoportuna” y consideraron que es “inviable” sin un acuerdo político fuerte.
Ese interbloque también lo integran los cuatro legisladores de Córdoba que responden al gobernador Juan Schiaretti. Ayer, tras las repercusiones de la marcha opositora en esa provincia, un medio dejó trascender que podrían votar en contra. Aunque ninguno de los diputados salió públicamente a develar su postura, está latente el antecedente por Vicentin. Los cordobeses habían afirmado que no acompañarían la intervención si llegaba al recinto.
Tan importantes son los votos de Córdoba que esta mañana la senadora del PRO, Laura Rodríguez Machado, salió a marcarles la cancha en un medio cordobés. "En el Senado el kirchnerismo tiene mayoría para aprobar la reforma judicial. Por eso la Cámara de Diputados es esencial para ponerle un freno a este avance contra la Justicia. Allí se va a dar la verdadera pelea, veremos si los diputados cordobeses darán quórum o no", afirmó.
Por su parte, el interbloque de Unidad Federal para el Desarrollo, que encabeza el mendocino José Luis Ramón, no realizó un pronunciamiento en conjunto sobre el proyecto, a pesar de que su titular participó como invitado del anuncio presidencial y anticipó la necesidad de modificar la justicia. Sin embargo, de sus ocho integrantes, ya la diputada tucumana Beatriz Ávila anticipó que votará en contra, al declarar que “es inoportuno intentar tratar un proyecto de este tipo si antes no resolvemos lo que piden los ciudadanos”.
La izquierda, que integran Romina del Plá y Nicolás del Caño, tampoco votarán a favor el proyecto. El oficialismo sí podrá sumar seguramente el voto del monobloque de la neuquina Alma Sapag, quien varias veces acompañó iniciativas del Frente de Todos, en cuyas listas ingresó al Congreso.
Con este contexto, las próximas semanas serán claves para saber el futuro de la reforma judicial en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará afianzar su capacidad de negociación con diputados opositores y gobernadores para asegurar voluntades.
“Votar o no votar es una posición política que toma cada bloque con cada tema. Lo que no se puede y no se debe es tratar de impedir el tratamiento. Esto de cerrar el Congreso y que no trabajemos porque no quieren tratar un tema es de un caprichismo que no tiene antecedentes”, sostuvo en diálogo con Ámbito la vicepresidenta de la bancada del Frente de Todos en Diputados, Cecilia Moreau.
Y sobre el futuro del debate en la Cámara baja, aclaró: “Nadie habla de hacer un tratamiento exprés en Diputados. Estamos dispuestos a abrir el proyecto, a hacer un proceso de comisiones en las que se escuchen distintas voces, de un lado y del otro. Mientras tanto queremos seguir trabajando con otros temas como la emergencia en turismo y la emergencia citrícola. Por qué vamos a paralizar el Congreso, mientras le pedimos a los trabajadores esenciales que vayan a trabajar”, cerró.
La reforma judicial, una de las promesas realizadas por el presidente Alberto Fernández al asumir, crea la Justicia Federal Penal, mediante la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico, con el objetivo de limar el poder de Comodoro Py. Plantea un desdoblamiento de secretarías, por lo que se crearán 23 nuevos tribunales, y se establecerá un sistema de subrogancias para la designación transitoria de esos jueces.
La reforma no afecta el principio del juez natural por lo que las causas e investigaciones en curso continuarán a cargo de los mismos magistrados que hasta el momento.
Además, se realizará la manda constitucional para el traspaso de las competencias penales a la Ciudad de Buenos Aires y se buscará fortalecer la Justicia Federal en las provincias con la creación de nuevos juzgados y fiscalías, entre otros puntos.
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