Néstor Kirchner tendrá hoy en su escritorio el informe final del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el cual tomará la decisión final acerca de cuándo y cómo se hará la presentación definitiva ante el tribunal de La Haya del conflicto de las papeleras de Fray Bentos. Si el Presidente no opone restricciones, la Argentina llevará el caso entre el jueves y el viernes, en paralelo a la visita que Tabaré Vázquez le hará a George
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W. Bush y al acto que Kirchner encabezará en Gualeguaychú. Técnicamente, la responsabilidad de la presentación ante La Haya será del representante oficial del país en Holanda, Santos Goñi, sobre quien Kirchner pidió un informe detallado en los últimos días. Luego de analizar sus antecedentes como embajador, aprobará el texto diseñado en la Cancillería por la comisión que encabezó durante más de un mes Susana Ruiz Cerrutti,con el auxilio de un estudio jurídico con sede en Europa sobre el que se basa la presentación ante la Corte Internacional de Justicia.
La base de la presentación en una denuncia por la violación del gobierno uruguayo de 8 artículos (7, 8, 27, 28, 35, 36, 58 y 59) del Tratado del Río Uruguay, al no haber comunicado o pedido autorización a la Argentina para la radicación de las dos papeleras de Fray Bentos que levantan las empresas Botnia y ENCE. Se menciona en el texto que estos proyectos tendrían el nivel suficiente como para poder alterar «la calidad de las aguas» del río Uruguay, con lo cual el gobierno del país vecino habría estado obligado a consultar a una comisión que integran funcionarios de los dos países a que se estudie el impacto que tendrán las fábricas. Como el gobierno uruguayo no lo hizo, habría violado el tratado. Siguiendo la letra de éste, si esto ocurriera, cualquiera de los dos países firmantes (la Argentina y Uruguay) están autorizados a recurrir a La Haya para que solucione el problema. Esto último figura en el artículo número 60, del tratado, que avalaría la elección de la instancia de la Corte Internacional de Justicia para que resuelva el caso.
En la presentación, la Cancillería no pide sanciones para Uruguay o las papeleras, sino que considera que se trata de un caso nuevo sin jurisprudencia reciente y que como tal requiere una investigación particular internacional que determine el grado de contaminación posible que las plantas pueden producir.
Afirma el escrito, que los datos que puedan surgir de los informes de Botnia o ENCE no serían suficientes, con lo que se deberá crear una comisión monitoreada por La Haya que determine la situación real creada en el río Uruguay.
Estudio independiente
Se menciona en el escrito el caso del Banco Mundial que recientemente reconoció que falta información para poder medir el impacto ambiental, antes de liberar los u$s 400 millones comprometidos con la finlandesa Botnia. Sin embargo, reclama la Argentina que, a diferencia de lo que pide la entidad financiera (más datos a la compañía), que se efectúe un estudio independiente, ya que considera que no hay casos en el mundo que se puedan comparar a lo que sucederá en Fray Bentos donde «dos plantas a menos de cinco kilómetros de distancia se convertirán en el principal polo pastero de celulosa del mundo». Nuevamente, aclara el escrito argentino, el tema no son las empresas sino la falta de información acerca de lo que se puede generar.
El Tratado del Río Uruguay fue aprobado el 26 de febrero de 1975, a partir de una reunión que en Salto mantuvieron Juan Domingo Perón y Juan María Bordaberry. En la Argentina el Estatuto del Río Uruguay se convirtió en ley (la 21.413) en setiembre del '76 y lleva las firmas de Jorge Rafael Videla y José Alfredo Martínez de Hoz.
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