El procurador general de la Nación, Esteban Righi, instruyó a los fiscales para que investiguen causas sobre la adulteración, falsificación y posterior comercialización de medicamentos, en el marco de meses de escándalo por las supuestas vinculaciones entre la producción de farmacéuticos, el tráfico de drogas y la provisión de productos a hospitales nacionales y obras sociales que destapó el triple crimen de General Rodríguez y la llamada «ruta de la efedrina».
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Righi firmó una resolución en la que indica a los fiscales que intervengan en causas o investigaciones relacionadas con la adulteración de medicamentos, y recomienda que se trabaje en conjunto con la comisión para la investigación de hechos ilícitos relacionados con la adulteración de medicamentos y sus posterior comercialización, creada en 1997. El fiscal, además, dispuso que la comisión, actualmente a cargo de Marcelo Munilla Lacasa y Adrián César Giménez, colabore a su vez con las solicitudes de los fiscales y, sobre todo, que ambas áreas se asegurende coordinar y unificar criterios para evaluar los casos.
La entrada en escena del procurador general se da en medio de un clima enrarecido por las sospechas que hoy rondan el Ministerio de Salud, luego de que el asesinato de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina revelara todo un supuesto entramado de relaciones entre el narcotráfico, la industria farmacéutica y los presuntos aportes de ésta a la campaña de Cristina de Kirchner. Este escándalo fue uno de los factores claves en el enfrentamientoentre la ministra de Salud, Graciela Ocaña; y el número dos de la cartera, Héctor Capaccioli, quien hace dos semanas abandonó su cargo.
Más allá de esa pelea puntual, Ocaña se ha referido varias veces a lo que llamó «la mafia de los medicamentos», así como en el pasado la Justicia ha descubierto varios casos de «copias» farmacéuticas adulteradas. Esa actividad creció a la sombra de la aprobación de la ley de medicamentos genéricos en 2002, impulsada por el ex ministro de Salud Ginés González García, que buscaba sobre todo una mayor accesibilidad a los medicamentos por parte de la población. Este negocio se reveló mucho más extenso y poderoso de lo que hasta hace sólo unos meses parecía.
La resolución de Righi también ofrece una serie de sugerencias a los fiscales, en las que, por ejemplo, se recomienda darle intervención inmediata al Instituto Nacional de Medicamentos y trabajar con su Programa de Pesquisa de Medicamentos Ilegítimos para la identificación e inhibición de los productos sospechados.
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