El primer anuncio partió del radicalismo: se debe modificar la Ley de Asociaciones Sindicales para eliminar del artículo 41 la exigencia de pertenecer a una entidad gremial con personería reconocida como paso previo para poder elegir a un delegado sindical. Es el paso legislativo lógico para introducir en la ley el fallo de la Corte Suprema que desde hace una semana trastocó la base del monopolio sindical que la CGT ostenta desde hace 60 años.
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La UCR, en realidad, impulsaun proyecto aún mayor, casi una reforma integral del régimen de representación gremial, del manejo de los fondos en sindicatos y obras sociales, y hasta una prohibición para las reelecciones eternas en los cargos. Pero los radicales no terminaron de redactar su proyecto y recién lo presentarán esta semana.
Mientras el oficialismo sigue en silencio, sólo se conocen algunos borradores que prepara el diputado sindical Héctor Recalde para intentar por ley morigerar el efecto del fallo de la Corte Suprema que le dio un golpe al monopolio de representatividad de la CGT, pero ninguno de esos intentos tienen aun la venia de la Casa Rosada.
En tanto siguen avanzando proyectos en contra de los intereses de Hugo Moyano que se suman a ese primer anuncio de la UCR.
El viernes pasado, otro radical, Miguel Giubergia, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, no esperó a su propio partido y avanzó con idea propia.
Presentó un proyecto de ley para modificar el artículo 41 de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, para el que propone el siguiente texto: «Artículo 41. Para ejercer las funciones indicadas en el artículo 40 se requiere: estar afiliadoa la respectiva asociaciónsindical y ser elegido en comicios convocados por ésta», es decir, aunque no tenga personería gremial reconocida oficialmente.
Simetría
«Con esta decisión, se abren las puertas a la libertad de afiliación de los trabajadores y al derecho de crear y constituir nuevos sindicatos sin previa autorización, estableciendo simetría de derechos, entre las organizaciones con personería gremial y las simplemente inscriptas», dijo Giubergia.
La presentación de Giubergia es similar a la que ya lanzó la Coalición Cívica la semana pasada y está en línea, aunque con diferencias con las que hicieron Ariel Basteiro y Miguel Bonasso, todo en contra del monopolio sindical de la CGT.
Es cierto que, por ahora, ninguno de los proyectos de la oposición alcanza suficiente consenso como para oponerse a una eventual propuesta que haga el kirchnerismo de mantener el actual statu quo. Pero una cosa es cierta: el gobierno, antes de 2009, deberá enfrentar el problema que le generará en la Justicia las presentaciones que ya anunció la CTA para lograr el reconocimiento de la representación de delegados afiliados a esa central en las futuras negociaciones de paritarias.
Entre la inmovilidad oficial frente a la ley y las pretensiones de los sindicalistas no cegetistas puede haber un caos que los empresarios hoy no saben cómo podrán controlar. De ahí la necesidad de una ley.
Pero que Basteiro, Bonasso, los radicales, el socialismo, los ex aristas e inclusive el macrismo sostengan la necesidad de reglamentar el fallo de la Corte es un antecedente más que suficiente para pensar que la oposición tendrá suficiente apoyo de aliados al gobierno esta vez para organizar una batalla en el recinto el día que deba solucionarse el conflicto.
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